Uno de los aspectos que me gusta de la agenda lopezobradorista es la austeridad republicana. Son muchos los casos donde tenemos un gobierno caro que no produce buenos resultados para la ciudadanía. En México, como en cualquier país, debemos aspirar a un gobierno bueno y barato. Nada fácil de lograr, pero ése es el reto. Y no es fácil el desafío porque las burocracias tienden a crecer y a defender sus privilegios. Hay muchos ejemplos.
Cuando en el sexenio de Fox se legisló la ley de transparencia, en lugar de otorgarle a los jueces la facultad de ordenar la entrega de la información gubernamental a los ciudadanos, se creó una nueva burocracia con esa misión. En ese momento discutí la creación del INAI original con uno de sus fundadores. “No te preocupes —me dijo— va a ser una institución chica, pero eficaz para salvaguardar el derecho a la transparencia”. Famous last words. Desde entonces, hasta nuestros días, lo único que ha hecho el INAI es crecer y gastar más dinero de los contribuyentes.
Otro caso son las múltiples burocracias electorales. El INE, cuando todavía era IFE, tenía nueve consejeros. Sin embargo, la partidocracia, con ese apetito voraz de crear puestos para dárselos a sus clientelas, aumentó el número de consejeros a once en la última reforma electoral. Lo mismo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que pasó de cinco a siete magistrados. Todo esto implicó más puestos (secretarias, asesores, choferes, etcétera) y recursos materiales (oficinas, coches, computadoras, etcétera). INE y Tribunal funcionaban igual de bien, o hasta mejor, antes de su expansión. Los ciudadanos no ganamos nada, pero sí nos costó más. Amén, por cierto, de que tenemos un sistema electoral dual donde hay burocracias locales (OPLES y Tribunales estatales) que conviven con autoridades nacionales (INE y TEPJF). El resultado es que México es uno de los países donde sale más caro organizar elecciones del mundo.
Hace unos años, el CIDE publicó una fantástica serie de cuadernos sobre el uso y abuso de los recursos públicos en México. En 2010, Carlos Elizondo y Ana Magaloni escribieron el de la Suprema Corte. Argumentaron que, si bien se había afianzado la independencia judicial, los datos indicaban “que la asignación y administración de los elevados presupuestos de la Corte han servido para engrosar la nómina a través de una burocracia cada vez más amplia que, en muchos casos, tiene asignadas tareas que poco o nada tienen que ver con la función sustantiva de un Tribunal Constitucional”. En conclusión, teníamos una de las Cortes más caras del mundo “sin que ello lleve aparejado una mayor productividad o mayor confianza ciudadana en el máximo tribunal”.
Así nos podríamos ir con, prácticamente, todas las dependencias de la administración pública federal, las dos cámaras del Congreso, el Poder Judicial de la Federación y los órganos autónomos del Estado sin entrar, por supuesto, a ese hoyo negro de dispendio y abuso que son los gobiernos locales.
En este sentido, tiene toda la razón López Obrador. Urge la austeridad republicana. Es una lástima que el debate sobre este tema se esté centrando en el asunto de las percepciones de los mandos medios y superiores porque ése no es el problema de fondo. Sí hay muchos funcionarios que ganan mucho más de lo que les pagaría (en) el mercado por sus servicios. Pero también existen los que tienen capacidades técnicas escasas a los que se debe pagar una buena cantidad de dinero. Si el Estado no les paga bien pueden abandonar el servicio público dejando grandes huecos, difíciles de llenar, y causando más costos que beneficios por haberles bajado sus percepciones. De hecho, ya está ocurriendo en varias áreas técnicas gubernamentales.
Visto en números, lo de disminuir las percepciones por debajo de lo que va a ganar el Presidente son cacahuates para lograr ahorros reales. La verdadera austeridad republicana pasa por reducir la grasa de múltiples estructuras que tienen las instituciones del Estado. No hay que desaparecer el INAI, pero sí reestructurarlo. Igual el INE y el TEPJF donde, por cierto, bien podrían desaparecer los órganos locales para quedarnos sólo con las instituciones nacionales.
Lo mismo en el Poder Judicial y en el Congreso. Ni qué decir en las dependencias y entidades de la administración pública federal. Todo eso pasa por despedir a miles de trabajadores públicos que no son nada productivos. Ahí sí estaríamos hablando en serio de austeridad. Pero implicaría un conflicto que AMLO no quiere generar. Por el contrario, no van a tocar a los trabajadores de base del sector público y hasta les van a subir el sueldo. Se sumarán, así, a la gran estructura clientelista que está armando Morena para quedarse muchos años en el poder.
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