Cuando era joven pasaba por enfrente de la Secretaría de la Defensa camino a mis entrenamientos de basquetbol, era un edificio magno, bien resguardado y con la leyenda de que ahí no se podía entrar. Sus archivos estaban vedados para los historiadores. Solamente una vez fui con algo relacionado con mi cartilla militar y sentí que me había atrevido a pisar terreno prohibido. Por cierto, el servicio militar lo pasé sobornando al militar que nos cuidaba, a razón de $15.00 pesos por falta, logré zanjar varias a cambio de dos camisas que me regaló mi papá de su tienda.
Hace poco volví a la zona camino a casa de una amiga y pase por la calle lateral para ver que han registrado un crecimiento sorprendente; se han apoderado de ambos lados de la acera y el lado de enfrente del periférico. Edificios, hospitales, escuelas, casas y vaya usted a saber que más hay allí adentro, porque el mundo de los militares está vedado para la vista de los civiles aunque vivan de nuestros impuestos y nuestra deuda. Se han aislado convenientemente para evadir la supervisión social y política. Hasta hornos crematorios hay en las bases militares. Cuando me atreví a escribir que el hijo del secretario de la Defensa recibió la concesión para construir una base militar fui cesado fulminantemente del periódico, el secretario se enfureció porque se filtró la verdad sobre la corrupción dentro del ejército.
En un ejercicio en la cámara de diputados leí que el presupuesto propuesto para el ejército es de $83,000 millones de pesos y algo más de $39,000 para la Marina. No me cabe en la cabeza para que requieren tanto, aunque cuando mi hermano trató de venderles aceite lo primero que se encontró fue la necesidad de establecer el tamaño del soborno.
Qué necesidad tenemos de sostener una fuerza aérea, marina con fragatas equipadas con misiles, si no tenemos guerra con nadie. Esa enorme cantidad de dinero es muy apetitosa para las ambiciones de algunos o muchos. No hay motivo para pensar que en el mar de corrupción que es México, el ejército sea una isla de honestidad. La pregunta es si son más o menos corruptos, aunque la pregunta es irrelevante porque nadie parece poder entrar a averiguar el manejo del dinero.
Hasta aquí uno diría, si de dinero se trata bastaría con que les pongan un alto, los supervisen para que no roben tanto y basta. Pero resulta que no.
Los militares han sido denunciados por el elevado nivel de abuso y violación de los Derechos Humanos. Durante años un grupo ha presionado en Estados Unidos para cesar el Plan Mérida porque los militares usan recursos estadounidenses para violar los derechos humanos.
En un juicio de asilo político en el que fungí como testigo experto una mujer denunció que fue detenida por el ejército y amenazada de muerte. Un periodista de Chihuahua escapó para salvar la vida porque publicó que un general era corrupto. Un militar me detuvo en Chihuahua exigiendo saber cuándo me nacionalice mexicano, otros me rodearon apuntándome con armas largas porque me negué a que revisaran mi vehículo sin orden judicial. Human Rights Watch recomendó que las cortes civiles juzguen las violaciones de los militares, porque cuando hay quejas el aparato burocrático militar se encarga de que prevalezca la impunidad. Las infamias de los militares cubren un espectro muy amplio, desde Tlatelolco hasta Tlatlaya y nadie parece poder o querer hacerle justicia a las víctimas de sus desapariciones y asesinatos.
Estas fuerzas armadas, incluyendo a la Marina, carecen de conciencia para respetar las leyes civiles y los derechos humanos y por eso mismo son incapaces de manejar la protección civil.
No importa la retórica que use el nuevo gobierno nada los cambiará, especialmente saben que cuentan con impunidad para sus abusos y menos si se les pone a hacer algo que no saben hacer. Jugar semánticamente es un error garrafal, pensar que llamándolos policía les generará una cultura cívica que respete al individuo es el preludio de una gran decepción y la continuidad de un error histórico dónde la sociedad es la gran víctima.
El lugar de los militares está en los cuartes, y deben salir única y exclusivamente para tareas de asistencia en desastres. Pero lo más sensato será desmantelar ese gigantesco aparato y poner las instalaciones y el presupuesto al servicio del pueblo.
Hay que entregarle las escuelas a los civiles, abrir los hospitales y clínicas al servicio de la sociedad y convertir a las fuerzas armadas a grupos de asistencia social.
El error histórico de los neoliberales fue pensar que con la guerra interna lograrían controlar su asociación con los criminales. Es un error monumental continuar con ese pensamiento, y peor aún, si creen que la retórica lograra cambiar las actitudes arraigadas en la cultura de la impunidad de los militares.
