- Los más de 10.000 migrantes que se dirigen hacia EEUU vía México proceden de Honduras, Guatemala y El Salvador, caracterizados por altos niveles de pobreza, corrupción, violencia e inseguridad
- Las caravanas han permitido a Trump recuperar el discurso del odio de la campaña de las elecciones presidenciales de 2016
- Este lunes llegaron a Tijuana los primeros integrantes de las caravanas y este miércoles algunos se han encaramado a la valla fronteriza
Punto de paso obligado de la droga que sale de Centroamérica rumbo a Estados Unidos, países como Guatemala, Honduras y El Salvador se caracterizan por altos niveles de pobreza, corrupción, violencia e inseguridad, que obligan a miles de personas cada año a seguir la misma ruta que los estupefacientes en busca de un futuro mejor. El actual éxodo de los migrantes centroamericanos comenzó con una convocatoria a través de las redes sociales en la que se invitaba a todo el que quisiera a encontrarse el pasado 13 de octubre en la estación de autobuses de San Pedro de Sula (Honduras) para iniciar juntos el viaje hacia el Norte. Los tuits de Donald Trump, en los que calificaba de «invasión» a los 2.000 hondureños, entre ellos mujeres y niños, que formaban esta primera caravana, y la fuerte atención mediática que despertó, dieron a los migrantes una visibilidad que traspasó fronteras y permitió que más gente supiera de su existencia, les diera su apoyo o se uniera a ella. Inspirados y esperanzados por su ejemplo, más de 400 hondureños partieron en una segunda caravana el 17 de octubre; en El Salvador, una tercera caravana de más de 350 personas puso rumbo a México el domingo 28 de octubre; y, por último, una cuarta caravana formada por 1.500 personas salió el 31 de octubre de la capital de El Salvador. Además, se desgajó un grupo de miembros de la comunidad LGTB, un centenar de migrantes, que, apoyado por una organización de EEUU, hizo parte del viaje en autobús y llegó este lunes a la frontera.
El 19 de octubre, el primer grupo cruzó el puente internacional que atraviesa la frontera entre México y Guatemala en el municipio del Suchiate, estado suroriental de Chiapas. Sin embargo, cuando el 29 de octubre el segundo grupo intentó seguir sus pasos y cruzar el puente, se encontró con un despliegue policial que les impedía continuar lanzándoles bombas de gas lacrimógeno, a las que los migrantes respondieron con piedras y palos. El enfrentamiento terminó con un fallecido y varios heridos. Ante esta situación, los migrantes se vieron obligados a cruzar el río a pie por la zona menos profunda para llegar a la orilla mexicana. Una vez en tierra firme, los hondureños ingresaron en el país a través de una aduana migratoria y se registraron en la instalación del Instituto Nacional de Migración (INM), desde donde posteriormente fueron llevados a un albergue.
El 1 de noviembre, una de las caravanas tuvo que cambiar su ruta en el último momento. En un principio, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ofreció 160 autobuses para llevar a los migrantes directamente a Ciudad de México, pero después renegó de su propuesta alegando que la capital mexicana no estaba preparada para recibir a tantas personas. Este cambio de postura dejó a cientos de migrantes varados en la ciudad de Sayula. Finalmente, la caravana decidió continuar en dirección a la ciudad de Matías Romero.
Siguiendo los pasos de los primeros grupos, la tercera caravana de más de 1.500 salvadoreños llegó el 2 de noviembre a México tras cruzar a pie el río Suchiate.
La última caravana llegó a territorio mexicano el 3 de noviembre por el río Suchiate entre Guatemala y México. De los 2.000 salvadoreños que integraban la caravana, alrededor de 200 ingresaron en el país de forma legal, mientras que el resto optaron por cruzar a pie el río y fueron detenidos por la Policía Federal de México al llegar a la otra orilla.
Después de tres semanas de travesía, un grupo de unos 500 migrantes llegó a Ciudad de México la noche del 4 de noviembre. Coincidiendo con las elecciones legislativas celebradas este martes en Estados Unidos, otro grupo de alrededor de mil migrantes ha llegado a Ciudad de México desde Córdoba, en el Estado de Veracruz. El Gobierno mexicano ha reconvertido un complejo deportivo en un campamento con capacidad para más de 5.000 personas, también ha informado de que todavía hay tres caravanas de migrantes recorriendo el país; mientras, algunos se han acogido al programa Estas en tu casa del presidente Enrique Peña Nieto para conseguir la residencia legal en México, trabajar legalmente, recibir atención médica y escolarizar a sus hijos.
El viernes 9 de noviembre, un pequeño grupo de casi 100 hondureños, miembros de la comunidad LGTB, se separó de la caravana principal y puso rumbo en autobús a Tijuana, frontera con Estados Unidos, a la que llegó el lunes. Los autobuses fueron pagados por RAICES, una agencia sin fines de lucro que promueve la justicia al brindar servicios legales gratuitos y de bajo coste a niños, familias y refugiados inmigrantes marginados en Texas, por tratarse de un grupo altamente vulnerable. Este miércoles algunos de los migrantes han subido a la valla fronteriza que separa a ambos países sin que intervinieran las fuerzas de seguridad de EEUU.
Un día después, alrededor de 5.000 migrantes abandonaron Ciudad de México y reanudaron su viaje hacia la frontera. Ante ellos, miles de kilómetros del inhóspito desierto de Sonora, una ruta más larga pero generalmente menos peligrosa que la ruta del Golfo de México, territorio de los Zetas y el Cartel del Golfo, según un informe elaborado por el Centro Robert Strauss de la Universidad de Texas.
Los más de 10.000 migrantes de las cinco caravanas son conscientes de que, aunque el viaje ha sido duro, lo realmente complicado empezará una vez lleguen a su destino: la frontera de Estados Unidos. Allí se encontraran con miembros de la Guardia Nacional, civiles armados con armas de fuego y drones, y una Administración que ha manifestado reiteradamente que no son bienvenidos en el país. A pesar de todo esto, estas personas han preferido recorrer miles de kilómetros y enfrentarse a la posibilidad de ser deportados antes que quedarse en sus respectivos países.
¿Qué empuja a familias enteras a abandonar un día sus hogares rumbo a EE.UU.? A continuación analizamos la situación de Honduras, Guatemala y El Salvador para explicar lo que está ocurriendo:
HONDURAS
Corrupción. En 2015, estalló el mayor escándalo de corrupción de los últimos 20 años. El director del Instituto Hondureño del Seguro Social, Mario Zelaya, organizó una red para desviar de manera fraudulenta unos 320 millones de dólares de los fondos del sistema sanitario. Durante meses, miles de personas se manifestaron pidiendo la dimisión del presidente, Juan Orlando Hernández, y el cese de las irregularidades. La respuesta del mandatario fue pedir a la Organización de Estados Americanos que creara la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras(MACCIH), un organismo autónomo para investigar los escándalos de corrupción. Sin embargo, la MACCIH no ha podido cumplir con su cometido debido a presiones y amenazas por parte del Gobierno.
A finales de 2017, se celebraron unas elecciones generales en las que salió reelegido como presidente Juan Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional, con una ventaja del 1,53% (50.446 votos) sobre su principal rival, Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición a la Dictadura. Según Amnistía Internacional, durante las tres semanas que duró el recuento de votos, las manifestaciones en contra del fraude electoralconvocadas por los partidarios del opositor Narsalla fueron brutalmente reprimidas y se saldaron con al menos 31 muertos, además de la declaración por parte del Gobierno del estado de excepción, que no fue respetado por la población.
Violencia. Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, la tasa de homicidios durante 2017 fue de 43,6 por cada 100.000 habitantes.
La organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13) comenzó a operar en Honduras hace 27 años y ahora controla la mayor parte de los barrios y colonias de la capital; aquellas zonas que escapan a su control, están en manos de su enemigo, el Barrio 18, y otras pandillas. Las actividades delictivas que caracterizan a estas organizaciones son las extorsiones, asesinatos, tráfico de drogas y de personas, control territorial y sentido de «permanencia». La traición a la Mara se castiga con la muerte. En un intento por luchar contra estas organizaciones criminales, el Gobierno de Honduras creó la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, que cuenta con el apoyo del FBI.
Pobreza. El 43,7% de los casi 9 millones de personas que viven en Honduras se encuentra en situación de pobreza y el 23,3% en situación de pobreza extrema. Según un estudio elaborado por el Centro de Estudios para la Democracia y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la inversión de 4.201 millones de lempiras (174 millones de dólares) que el Gobierno de Orlando Hernández destinó a financiar el Programa Bono Vida Mejor no impidió que la pobreza aumentase 1,5 puntos porcentuales entre 2014 y 2017, pasando del 62,8% al 64,3%.
Derechos humanos. Según Amnistía Internacional, Honduras es uno de los países más peligrosos de América para los defensores y defensoras de los derechos humanos. En septiembre, comenzó el juicio contra los ocho acusados del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres. Desde el principio, el juicio ha estado rodeado de acusaciones de encubrimiento político. La activista era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que se opuso al proyecto hidroeléctrico de la Empresa Desarrollo Energético en el río Gualcarque por considerar que dañaría gravemente a las comunidades de la etnia lenca.
GUATEMALA
Corrupción. El 31 de agosto, el presidente Jimmy Morales colocó tanques a las puertas de la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala(CICIG) y anunció que no renovaría el mandato del organismo anticorrupción que ha acusado de este tipo de delitos a cuatro expresidentes desde que fue instaurada hace una década, entre ellos, el expresidente Otto Pérez Molina. El grupo investigador cuenta con el respaldo de la ONU.
La CICIG ha pedido hasta en dos ocasiones que se retire la inmunidad al presidente Morales para que pueda ser investigado por el delito de financiación ilícita durante las elecciones de 2015 y por el que se podría enfrentar a penas de entre 4 y 12 años de prisión. La investigación se centra en los fondos anónimos de empresarios que recibió y no declaró el partido FCN Nación cuando el actual presidente era su secretario general.
Violencia. En una ciudad como la capital de Guatemala, donde se cometieron 75 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, el hecho de que pasen 24 horas sin que se registre una muerte violenta es un acontecimiento histórico y así es como se recuerda el 14 de mayo de 2018.
Las organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha y su rival, el Barrio 18, dominan el ámbito político, económico y social del país gracias a la extorsión, el matoneo, el tráfico de drogas y la impunidad con la que actúan. Ante esta situación, en febrero de 2018, el diputado del Partido de Avanzada Nacional, Fernando Linares presentó una propuesta de ley que permita al Gobierno decretar el estado de sitiocuando las circunstancias lo requieran. Asimismo, el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Antonio Degenhart, propuso en el Congreso la reforma del Código Penal para tipificar este tipo de grupos como organizaciones terroristas, como ya lo hacen El Salvador y Honduras.
Pobreza. Según la ONU, el 83% de la población vive en la pobreza absoluta, el 46,5% de los niños sufren desnutrición crónica y al menos el 20% de los guatemaltecos son analfabetos. Se encuentra en el puesto 127 en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2018.
Derechos Humanos. El Código Penal de Guatemala establece que el aborto es un delito, con penas de hasta tres años de cárcel; quedan excluidos los casos en los que el embarazo pueda poner en peligro la vida de la madre. El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva registró, entre enero y junio de este año, 51.110 embarazos en niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años.
En septiembre, se debatió en el Congreso el proyecto de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia que pretende endurecer las penas por aborto, prohibir la educación sexual en las escuelas y prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.
EL SALVADOR
Corrupción. En la clasificación del Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparency International, El Salvador se encuentra en el puesto 112, tras caer 17 posiciones en 2017.
En 1992 acabó la Guerra Civil y desde entonces, tres expresidentes salvadoreños han sido acusados de apoderarse de dinero público. Antonio Saca, presidente entre los años 2004 y 2009 con el partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fue condenado el pasado mes de septiembre a 10 años de prisión por desviar 301 millones de dólares de dinero público durante su mandato. Sacas se enfrentaba a penas de hasta 30 años de cárcel por corrupción, pero confesó a cambio de que le aplicaran las penas mínimas.
El que fuera presidente durante la legislatura 2009-2014, Mauricio Funes, está acusado de malversación de fondos, apropiación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. En agosto de 2016, poco después de que comenzará el proceso judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, Funes solicitó asilo político en Nicaragua, donde reside desde entonces. Además, varias declaraciones hechas en el marco de la investigación llevada a cabo por Fiscalía de Brasil sugieren que la constructora brasileña Odebrecht financió con 1,5 millones de dólares la campaña presidencial de Funes.
Violencia. Entre enero y julio de 2018, la tasa de homicidios descendió un 15,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que se traduce en 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según datos de Naciones Unidas.
En un artículo publicado por el diario The Wall Street Journal, se estimaba que la MS-13 y El Barrio 18 ganan alrededor de 20 millones de dólares al año en extorsiones y la venta de droga y coches robados, según funcionarios de control de drogas. La actividad principal de las organizaciones criminales es la extorsión a sus propios vecinos, a los empleados de los call-center y a dueños de las tiendas y restaurantes. Para los granjeros del Este rural, la consecuencia de negarse a pagar a estos grupos es la quema de las plantaciones de cultivo. Frente a la ineficacia del Estado, las organizaciones criminales han asumido las competencias de éste, como la MS-13, que puso en marcha un programa para alimentar a los niños y proveer de seguridad a los vecindarios.
Pobreza. El Salvador es un país con 6.581.860 habitantes, donde el 38,2% de las personas vive en la pobreza, el 10,5% de las personas mayores de 10 años son analfabetas, la tasa de paro ronda el 7% y 130.157 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años trabaja, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2017 realizada por la Dirección General de Estadísticas y Censos, dependiente del Ministerio de Economía.
Los datos de 2017 de la Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR por sus siglas en ingles) señalan que 59.400 salvadoreños solicitaron asilo o refugioen otros países.
Derechos humanos. Tras la negativa de la Asamblea Legislativa a la reforma para la despenalización del aborto, éste seguirá estando prohibido en todas las circunstancias, incluso aunque sea producto de una violación o peligre la salud de la madre, y castigado con penas de hasta 30 años de prisión. Entre los años 2000 y 2014, más de 100 mujeres fueron procesadas por perder el feto en los últimos meses de embarazo.
En 2015, un total de 13.146 niñas salvadoreñas de 10 a 17 años se inscribieron en el control prenatal, de las cuales el 11% (1 de cada 9) tenía 14 años o menos, según datos del último registro elaborado por el Ministerio de Salud.
Prohibida la entrada a la «tierra prometida»
El 6 de noviembre se celebraron en Estados Unidos las elecciones legislativas, en las que los republicanos se jugaban la hegemonía en la Cámara de Representantes y en el Senado, y el éxodo de los migrantes centroamericanos permitió al presidente Donald Trump recuperar el discurso del odio de las elecciones presidenciales de 2016.
A pesar de que faltaban semanas para que las caravanas llegaran a la frontera entre México y Estados Unidos, el presidente Trump volcó todos sus esfuerzos en convencer a la ciudadanía de que se asistía a una crisis que ponía en peligro la seguridad nacional. En su línea ideológica habitual, Trump sugirió que entre los miembros del grupo se encontraban integrantes de organizaciones criminales y «gente muy mala» pero no presentó ninguna prueba.
También anunció Trump el envío de 5.200 militares que frenen la entrada de los migrantes en el país, un plan para construir «ciudades carpas» en las que permanecerían mientras se resuelven sus solicitudes, un recorte en las ayudas que Washington suministra a Honduras, Guatemala y El Salvador por «no hacer su trabajo»; e incluso sugirió abolir el derecho constitucional de ciudadanía para los hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos. El objetivo es impedir a toda costa el acceso de las caravanas de migrantes a la «tierra prometida».
El último movimiento del presidente de Estados Unidos ha sido firmar una nueva orden, llamada Regla Final Provisional, por la cual los migrantes que entren en Estados Unidos sin tener el visado requerido no podrán solicitar asilo e incluso se enfrentarán a la deportación.
