Los sismos de septiembre del año pasado permitieron que aflorara la generosidad de personas, empresas y organizaciones, nacionales y extranjeras, que se volcaron a ayudar en las labores de rescate y reconstrucción.
Miles, quizá millones, salieron a las calles a remover escombros, o bien, auxiliaron a miles de familias damnificadas con víveres. Otros prefirieron aportar a través de las causas que emprendieron empresas y grupos privados que recaudaron recursos, con la promesa de duplicar, incluso triplicar esas aportaciones para generar un impacto de mayor calado.
“No hay nada más motivador que saber que los mexicanos estamos unidos, que el dolor de nuestros hermanos es también nuestro sufrimiento, que en las desgracias de México hay una luz de solidaridad que nos reconforta el alma”, dijo en un evento de rendición de cuentas Alfredo Harp Helú, quien encabeza junto a al banco Citibanamex y las organizaciones Fundación Televisa y Fundación Coca-Cola, un esfuerzo de reconstrucción. “La reconstrucción es una manera de aprender uno de otros, de acompañarnos y darnos la mano”.
Con el paso de los días terminó la necesidad de colaborar en la remoción de escombros, también la aportación de donaciones en especie. A partir de ahí comenzó a cobrar protagonismo el dinero destinado a rehacer, en lo posible, las vidas de quienes sobrevivieron a los sismos.
El sector privado gestiona alrededor de cuatro mil millones de pesos (213.4 millones de dólares) para la reconstrucción –poco más de 10% del costo estimado por el gobierno, de 38 mil millones de pesos, para confrontar las secuelas de los sismos. Los recursos recabados por el sector privado son en su mayoría administrados por iniciativas vinculadas a cinco organizaciones, o cinco esfuerzos del sector empresarial.
Las mayores recaudadores de fondos privados para la reconstrucción fueron así Fundación Carlos Slim, Fideicomiso Fuerza México, BBVA Bancomer, el Programa 1×1 –que aglutinó los esfuerzos de Citibanamex, Fundación Carlos Harp Helú, Fundación Televisa y Fundación Coca-Cola– y la Cruz Roja.
A un año de la tragedia, muchos quisieran que la reconstrucción de las zonas afectadas tuviera un avance mayor al alcanzado, algo que también genera suspicacias entre los donantes y los afectados, más cuando se trata del dinero que administran no tanto organizaciones privadas sino aquellas vinculadas a diversos gobiernos, sobre todo por falta de confianza en su desempeño.
“Los recursos del fondo de reconstrucción son un misterio, hacer los trámites para acceder a ellos son un vía crucis”, dijo Paula Sepúlveda, quien junto a su familia tuvo que desalojar su departamento en Ciudad de México tras los estragos del sismo del 19 de septiembre que golpeó la capital y el centro del país. “Hemos ido a Seduvi [Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno de la capital], al Instituto de Seguridad en la Construcción y a la Comisión para la Reconstrucción varias veces y cada vez que vamos salimos con un estado de ánimo diferente».
La desconfianza además ha crecido ya que en los últimos 12 meses han salido a la luz problemas con el manejo de recursos públicos para la reconstrucción. Por ejemplo, aún no es claro el número real de viviendas dañadas o quiénes han recibido apoyo, debido a la inconsistencia en las bases de datos gubernamentales, de acuerdo con un estudio realizado por las organizaciones Fundar y Transparencia Mexicana.
A nivel local, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México sufrió la desbandada de varios consejeros a inicios del año, como ocurrió con el investigador Mauricio Merino, ante la falta de garantías para transparentar el uso de esos recursos.
Las suspicacias de los ex-consejeros se confirmarían luego que una investigación periodística de la Silla Rota y HuffPost México sacó a la luz hace unos días el presunto beneficio a empresas ligadas al hermano del comisionado Edgar Tungüí.
Ante estos ejemplos, la mayoría de las principales organizaciones privadas gestoras de donativos han puesto en marcha programas para transparentar la gestión de los donativos recaudados y respaldar la confianza depositada en ellos por la gente.
“Desde un inicio para nosotros el tema de la transparencia fue fundamental”, dijo en una entrevista Ximena Suárez Corzo, directora del Fideicomiso Fuerza México, liderado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otros organismos aliados, como la Asociación de Bancos de México (ABM), el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN). “Hay que tener por un lado la confianza de la gente y por otro, una respuesta de que toda la gente que nos donó pueda saber exactamente dónde está su dinero y a dónde se destinó”.
El Fideicomiso Fuerza México ha abierto la gestión al público de los casi 417 millones de pesos (22 millones de dólares) recaudados, gracias a la ayuda de tecnología que permite incluso dar seguimiento financiero, movimiento por movimiento, a cada erogación realizada en cada uno de los proyectos a los que destina financiamiento.
Otros, como la Fundación Carlos Slim, BBVA Bancomer y 1×1 han habilitado sus páginas de internet para reportar periódicamente los avances y el ejercicio de las finanzas de los montos recaudados.
Pero a pesar de estos y otros esfuerzos, cada iniciativa tiene su propia forma y metodología para la presentación de información, lo que hace complicado contar aún con un panorama general de los resultados e impactos.
“Lo que ocurrió el año pasado puso de manifiesto los grandes vacíos que en la legislación hay para hacer lineamientos estandarizados de rendición de cuentas”, dijo Eduardo Alcalá, experto en transparencia en reconstrucción de Fundar, una organización no gubernamental que promueve la rendición de cuentas. “Hasta ahora, con la información pública disponible, no es posible tener claridad sobre el estatus de los recursos destinados a la reconstrucción. La información es dispersa, insuficiente y no cuenta con la calidad requerida para poder potenciar la coordinación entre actores de gobierno, sociedad civil y sector privado”.
