El Presidente electo le ha pedido al Presidente en funciones que envíe una terna de sus candidatos a ocupar la fiscalía general. Sin embargo, la reforma constitucional que prevé un nuevo procedimiento para dicho nombramiento no ha entrado en vigor. Según una nota de Excélsior de anteayer, 17 congresos locales ya votaron la reforma promovida por el presidente Peña que abroga el pase directo del procurador general a fiscal (una mayoría de dos terceras partes de las cámaras de diputados y senadores ya lo habían aprobado). La realidad es que la reforma no existe mientras el Congreso no haga una declaratoria constitucional y se publique en el Diario Oficial. Ergo, al día de hoy, sigue vigente la ley que ordena el pase directo del procurador a fiscal.
Ése es un primer punto que genera dudas. El segundo es que legalmente no existe todavía la fiscalía general. Como bien explicó ayer Roberto Gil en El Financiero: “conforme al régimen transitorio de la reforma de 2014, para que la PGR se convierta en fiscalía, deben realizarse dos actos jurídicos independientes entre sí: el Congreso de la Unión debe expedir la ley orgánica de la fiscalía general y, además, el Congreso debe declarar la entrada en vigor del nuevo modelo de procuración de justicia. Si bien ambos actos pueden darse en simultáneo, son pronunciamientos distintos con efectos jurídicos enteramente diferentes. Para ilustrar mejor: podría haber ley orgánica vigente sin transición a la fiscalía, y no puede haber fiscalía sin ley, pero tampoco sin declaratoria”. Entonces, si entiendo bien, mientras no existan estos dos actos jurídicos sigue vigente la Procuraduría.
Es, efectivamente: un desbarajuste. Desbarajuste que se ha exponenciado por el anuncio que hizo López Obrador del acuerdo al que llegó con Peña. El primero le solicitó al segundo que mandara al Senado una terna con sus candidatos a ocupar una fiscalía general que todavía no existe. Asumamos, por un momento, que eventualmente se promulgará la reforma constitucional que cambia el método de selección del próximo fiscal, se expedirá la ley orgánica de la fiscalía y se hará la declaratoria legislativa del nuevo sistema judicial. Lo que procedería, entonces, es que el Senado integre una lista de diez candidatos a ocupar este puesto y la envíe al Presidente en funciones. De esa decena, el jefe del Ejecutivo escoge una terna que regresa al Senado para que éste designe al fiscal por una mayoría calificada de dos terceras partes.
¿Para qué, entonces, López Obrador le dio una lista de tres personas a Peña con el fin de enviarla al Senado? Se están saltando las trancas ambos presidentes. En todo caso, AMLO debió haber instruido a Ricardo Monreal, próximo jefe de la bancada de Morena en el Senado, para que, en cuanto tomaran posesión, el primero de septiembre, y se cumpliera con todos los requisitos legales para formar la nueva fiscalía, integrara la lista de diez personas para enviársela al presidente en funciones. Luego, ahí sí, solicitarle a Peña que regresara al Senado la terna que le gusta a AMLO, es decir, Eva Verónica de Gyves Zárate, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Bernardo Bátiz. Posteriormente, ordenarle a Monreal escoger al favorito de AMLO —al parecer, Bátiz— y así asegurar que el próximo Presidente tenga su “fiscal carnal” por nueve años.
Estamos, en suma, frente a un sinnúmero de simulaciones para llegar al mismo resultado, es decir, que el Presidente ponga a un personaje que le es leal al frente de la procuración de la justicia federal. Con un cambio con respecto al pasado: este personaje se quedará nueve años al frente de la fiscalía.
Para ponerle más pimienta a este desbarajuste, AMLO ha anunciado también las ternas para la fiscalía anticorrupción y la electoral, que dependerán del nuevo fiscal general. En la primera están María de la Luz Mijangos, Diana Álvarez Maury y Ricardo Peralta Saucedo. En la segunda, María Estela Ríos González, Ernestina Godoy Ramos y Agustín Ortiz Pinchetti. Según Roberto Gil, “ni el fiscal anticorrupción ni el de delitos electorales se nombran por ternas. En ambos casos, y hasta que exista la fiscalía, se nombran directamente por el Senado por mayoría calificada, a partir de una convocatoria pública. Cuando la fiscalía entre en vigor, estos fiscales serán nombrados por el fiscal general, en términos de lo que disponga la ley orgánica y, en particular, del sistema de carrera que en ésta se diseñe. En el derecho vigente no se prevé intervención alguna del Presidente para estos cargos, como tampoco se prevé para cuando la transición a la fiscalía tenga efecto”. ¿Para qué entonces anunciar las ternas?
Esto de la fiscalía está comenzando mal. Hay un desbarajuste. Muchas vueltas para llegar al mismo destino: que el próximo Presidente tenga a su “fiscal carnal”.
Twitter: @leozuckermann
