Los candidatos presidenciales hablaron de combatir la corrupción sin decir cómo. O con ideas estrafalarias (cortar físicamente las manos a los corruptos) o simplistas (basta con que el presidente sea honesto para que todos los funcionarios lo sean).
No hay que hacerse ilusiones. Dentro del Estado, combatir la corrupción desde abajo es peligroso. Denunciarla desde arriba, en vez de proceder contra los corruptos, es ridículo (aunque se ha hecho). Denunciarla desde el mismo nivel parece politiqueo. No es fácil que el gobierno se combata a sí mismo.
Nunca han faltado funcionarios decentes. Pero tienen que limitarse a su esfera de atribuciones, aunque estén viendo la corrupción lateral o superior que los rebasa, sin poder intervenir.
El combate a la corrupción tiene que darse desde afuera, presionando al gobierno. Así nació Transparencia Internacional hace 25 años, cuando un alto funcionario del Banco Mundial, harto de dar créditos para el desarrollo que terminaban en los bolsillos de los funcionarios, decidió renunciar y fundar una agencia independiente. Empezó sin más que una secretaria, pero resultó un éxito mundial.
Tampoco hay que ser pesimistas. El combate desde afuera ha logrado avances en México. Ejemplos significativos: la prensa libre, que hasta hoy ha sido lo más importante; el Sistema Nacional de Transparencia; la declaración 3 de 3 (patrimonial, fiscal y de intereses) de los funcionarios y candidatos; la ley anticorrupción. En todos los casos, el gobierno empezó rechazando las iniciativas; y tuvo finalmente que aceptarlas, aunque arrastrando los pies o saboteándolas en esto o en aquello. Que siga vacante la fiscalía anticorrupción ilustra la dificultad.
Es ilusorio buscar un gran remedio. No lo hay, porque la corrupción tiene mil formas. La enciclopedia de corruptelas (digna de exhibirse en la web como una Wikorruptedia mexicana) requiere múltiples remedios. Hay pequeños y grandes sobornos; repetitivos (que hasta tarifa tienen) y ocasionales; visibles e invisibles; individuales y colectivos; en especie, en servicios, en dinero.
Los sobornos a un agente de tránsito no se pagan con cheque ni tarjeta de crédito (que sería bueno para localizar fácilmente a los corruptos). Se pagan en efectivo. Aun así, pueden ser filmados, si hay cámaras para fotomultas, que por esto resultan disuasivas. Servirían también en las ventanillas de pago.
Pero no es lo mismo pagar en efectivo $200 que $200 millones. Cuentan que un empresario molesto con otro (por un pago que le parecía injusto, pero tuvo que hacer) se desquitó entregándole toneladas de billetes de a peso. El otro tuvo que poner gente a contar. Sin embargo, un soborno de $200 millones nunca se paga en efectivo, sino con cheques o transferencias bancarias, y así se vuelve fácil de rastrear.
Todavía más fáciles de rastrear son los desvíos. La Auditoría Superior de la Federación suele advertir pagos indebidos, pero sería mejor que la prensa, los competidores del beneficiario y cualquier persona pudieran revisarlos; y no al año siguiente, como hace la Auditoría, sino en el acto. Hacer públicos los pagos del sector público facilitaría el combate a la corrupción.
No es tan difícil crear una base de datos en la web donde, al momento de girar un pago, aparezca su registro, con todos los datos de la póliza contable: Dependencia que paga, a quién, por qué concepto, con cargo a cuál partida presupuestal, con autorización de quiénes, en qué cantidad y fecha.
La base de datos incluiría un buscador tipo Google que permita observar los pagos por beneficiario, cantidad, concepto, partida, dependencia, fecha y nombre de los funcionarios que los autorizan.
Sería bueno empezar con las transferencias de la Secretaría de Hacienda a otras dependencias federales y gobiernos locales, porque el número de movimientos no es tan grande. Después de tener a prueba el sistema por un año y de recibir comentarios de la Auditoría, las dependencias involucradas y cuerpos colegiados de contadores públicos y ejecutivos de finanzas, se harían los ajustes y mejoras que resulten de las observaciones.
Luego, el sistema se ampliaría para incluir todos los pagos del sector público al extranjero, así como sus pagos por más de $100 millones al sector privado. Se repetiría el proceso de observación, ajuste y mejoras.
Finalmente, se ampliaría para cubrir todo tipo de pagos federales. Y se pondría el ejemplo a los gobiernos locales.
