En algún momento, el nuevo gobierno de López Obrador deberá entregar buenos resultados en los temas que más preocupan al electorado: Inseguridad, corrupción y economía. Ayer argumentaba por qué me parecían positivas las primeras señales sobre la política económica. Hoy, por el contrario, argüiré que los anuncios relacionados con la corrupción son negativos.
AMLO entendió a la perfección el enojo y la indignación por la corrupción existente. Cuando se le preguntaba cómo pensaba resolver algún problema, siempre contestaba que combatiendo la corrupción. Nunca se salió del guión. Ni siquiera el primero de julio por la noche. En su primer discurso como candidato ganador dijo: “La transformación que llevaremos a cabo consistirá, básicamente, en desterrar la corrupción de nuestro país […] La corrupción no es un fenómeno cultural, sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y económica y de la violencia que padecemos. En consecuencia, erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno”.
Un buen mensaje acompañado de una promesa: “Bajo ninguna circunstancia, el próximo Presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño: Sea quien sea, será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Un buen juez por la casa empieza”.
Nadie podría estar en contra de este tipo de declaraciones. Pero, en algún momento, habrá que pasar de los dichos a los hechos. Por lo pronto, las señales no son positivas. Parecería que, contra lo declarado por AMLO, existe tolerancia de corruptos dentro de la coalición lopezobradorista. Sabida es la presencia de varios rufianes. Los han cachado con las manos en la masa y, sin embargo, no sólo han quedado impunes sus actos de corrupción, sino que además son defendidos por sus “compañeros de lucha”. Una actitud hipócrita y hasta arrogante: “Sí, son corruptos, pero son nuestros corruptos”.
AMLO ya los amenazó verbalmente. Falta que los castigue en la realidad. Muchos de ellos, de hecho, serán funcionarios públicos. ¿Habrá borrón y cuenta nueva con esos truhanes?
Lo cual me lleva al siguiente punto. Hasta ahora todo ha sido miel y hojuelas con uno de los gobiernos más corruptos del que se tenga memoria. Me refiero, desde luego, al de Peña Nieto, a quien López Obrador le ha aplaudido a rabiar por no haberse, según él, inmiscuido en las elecciones (lo cual es falso, ya que el Presidente sí utilizó la fuerza del Estado para atacar, con éxito, al candidato que iba en segundo lugar: Ricardo Anaya). Pues todo parece indicar que los múltiples y notorios casos de corrupción del gobierno actual quedarán impunes. No habrá castigo a los que se robaron el dinero de los contribuyentes. Una pésima señal.
Pero la peor de todas es el anuncio de que no apoyará la reforma al Artículo 102 constitucional para desarrollar una auténtica fiscalía autónoma y capaz. AMLOtenía la oportunidad histórica de combatir la decadencia del régimen político que, según él, es la causa principal de la corrupción. No. En su lugar apoyará el statu quo, es decir, que el nuevo Presidente designe a un candidato a fiscal que será ratificado por el Senado, donde la coalición lopezobradorista tendrá mayoría. Habrá, por tanto, un fiscal a modo o un “fiscal carnal”, como dicen las asociaciones civiles que estaban a favor de la reforma al 102.
El fiscal seguirá siendo un subordinado del Presidente quien, en la práctica, decidirá a quién sí perseguir judicialmente por corrupción y a quién no. La misma tara institucional con la que venimos operando desde hace lustros y que tanto daño le ha hecho la país.
López Obrador desperdició la oportunidad de cambiar de raíz la fiscalía, tal y como lo recomendaban varias organizaciones no gubernamentales expertas en el tema del Estado de derecho. La idea era reformar el Artículo 102 para cambiar el procedimiento de nombramiento del fiscal con un mayor acompañamiento ciudadano y, además, diseñar una nueva ley orgánica de la fiscalía que asegurara una mayor autonomía y capacidad de operación a fin de evitar la herencia de los vicios que actualmente tiene la Procuraduría General de la República.
No quiso AMLO. Prefirió el statu quo, donde el Presidente seguirá manteniendo el control de los procesos judiciales relacionados con la corrupción. Previsiblemente, se castigará a los adversarios políticos y se perdonará a los aliados. Una pésima señal aunada, por cierto, al desdén de los múltiples grupos de la sociedad civil que llevan años peleando por esta reforma.
Twitter: @leozuckermann
