La ola de protestas, dentro y fuera de Estados Unidos, por la separación de niños y familias migrantes sin papeles ha forzado a Donald Trump a dar marcha atrás en esta política. La Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva que ponga fin a una práctica que ha causado estupor entre los propios republicanos, provocado la condena del Papa, la reprobación de Naciones Unidas y el rechazo de otros Gobiernos, como el de Reino Unido. Trump ha explotado electoralmente el discurso antiinmigración con éxito y sin contemplaciones hasta ahora, pero el golpe a la infancia ha roto finalmente una costura.
“Queremos mantener a las familias juntas. Es muy importante. Voy a firmar algo pronto sobre inmigración que va a hacer eso”, confirmó Trump esta mañana. De confirmarse, se trataría de una rectificación en toda regla del presidente de EE UU, quien siempre saca pecho por su dureza negociadora y había tomado el drama de los niños sin papeles como moneda de cambio para lograr una legislación migratoria más dura.
EE UU ha empezado a separar desde abril de forma generalizada a las familias que intenta entrar ilegalmente, después de un cambio de criterio de la fiscalía. Bajo una nueva doctrina de «tolerancia cero», todo inmigrante indocumentado se considera un delincuente y se le procesa judicialmente como tal, aunque no tenga antecedentes penales, por eso los niños no pueden seguir junto a ellos y son separados. La crisis estalló en la opinión pública en los últimos días, cuando se hizo público que en el lapso de apenas seis semanas, entre el 19 de abril y 6 de junio, la Administración había separado a unos 2.000 niños, a veces bebés, de sus progenitores o familiares adultos.
La repulsa a esta situación fue creciendo y generalizándose hasta lograr algo tan improbable como que Donald Trump, el brazo de hierro de la migración, el magnate que alardea de negociar con dureza y ganar cualquier pulso, haya prometido una marcha atrás. Han hecho falta imágenes de hileras de niños entre tiendas de campaña y grabaciones de sus llantos dando la vuelta al mundo. «El dilema es que si eres débil tu país se va a ver abrumado con gente, si eres fuerte, entonces no tienes corazón. Quizá prefiero ser fuerte», reflexionó ante los reporteros.
La nueva orden ejecutiva de la que habla, de hecho, busca mantener esa dureza y puede desencadenar una batalla legal. Un fallo judicial de 1997 -ratificado después por otras sentencias- conocido como el acuerdo de Flores estableció que ningún niño puede permanecer en un centro de detención más de 20 días aunque esté con sus padres. Con la nueva política de separación de los menores, este límite ya no afectaba a sus progenitores. Si Trump quiere mantener la doctrina de «tolerancia cero», como él mismo ha dejado claro, tendrá que alterar estos plazos por alterar los plazos. Fuentes de la Administración señalaron se tratará de mantener a las familias juntas y acelerar sus procesos judiciales.
El demócrata Barack Obama, también aplicó la doctrina de la tolerancia cero en la frontera cuando se enfrentó a oleadas de inmigración irregular, pero hacía excepciones con los adultos que iban acompañados de niños y también con aquellos que cometían su primera infracción. Y su predecesor, el republicano George W. Bush, también aceleró los juicios y generalizó los cargos openales contra los sin papeles, pero mantuvo a las familias unidas de forma generalizada.
Estos días Trump ha estado justificando que la medida no implicaba más que el cumplimiento de la ley y que era responsabilidad de los legisladores cambiarlo con una nueva normativa. Pero esta práctica no responde a ninguna legislación y el hecho de que este miércoles anuncie una orden ejecutiva para frenarlo lo demuestra. Es más, ni siquiera necesitaría esa orden si se replantea la práctica de la tolerancia cero. El presidente citó de una medida «preventiva» para evitar las separaciones que en última instancia se convierta en legislación, pero el debate sobre inmigración lleva meses bloqueado en el Congreso sin arrojar ningún consenso de reforma.
Trump ha estado presionando a los legisladores para lograr una reforma migratoria que endurezca los controles, frene las entradas también legales y asigne un presupuesto de 25.000 millones de dólares para el muro que quiere construir en la frontera con México. No hay acuerdo con los demócratas ni con muchos de los propios republicanos para una legislación y el presidente ha tratado de forzar un acuerdo, primero amenazando la permanencia de los dreamers o soñadores (jóvenes que entraron sin papeles siendo niños y han crecido en EE UU), algo que paralizó un tribunal, y ahora culpando a los legisladores de la separación de familias.
El trauma de los niños ha hecho esta vez de juez. El martes por la tarde Trump participó en una reunión con congresistas republicanos que le instaban insistiendo en su doctrina. Esa la noche, en un restaurante mexicano de Washington DC, Kirjsten Nielsen, la secretaria de Seguridad Interior de Trump y su principal portavoz y defensora en este conflicto, fue abucheada. Por la mañana, El Papa Francisco también lo había criticado en una entrevista con Reuters. «No es fácil, pero el populismo no es la solución», dijo en apoyo de la postura de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que ha calificado de «inmoral» y «contrarias a los valores católicos» estas medidas. La primera ministra británica, Theresa May, también lo tildó de «error».
Y así una retahíla de crítica que se sumaban a las de tres ex primeras damas estadounidenses, republicanas y demócratas, múltiples legisladores republicanos y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, calificó la separación de “abuso infantil”.
Trump llegó a la Casa Blanca aupado, entre otros mensajes, por un fuerte discurso antiinmigración -la irregular pero también la legal- cargado en ocasiones de un lenguaje xenófobo. Su política coincide con una ola de nacionalismo que también sacude a Europa y que ha cristalizado ya en Gobiernos como el de Hungría o el de Italia. En Estados Unidos, el conflicto ha estallado además en un momento de repunte de inmigración irregular, pero lejano aún del que Barack Obama afrontó en 2014. Algunas de las imágenes de niños en salas separados por rejas, como si fueran grandes jaulas, corresponden a ese año.
