Hasta hace unos días, López Obrador había sido el candidato presidencial que ponía los temas que dominaban la agenda pública. Por fin, José Antonio Meadepegó una. Me refiero a la crítica que le hizo a AMLO por la inclusión de Nestora Salgado en la lista de senadores plurinominales de Morena en un lugar con buenas probabilidades de entrar a la Cámara alta. El tema, de inmediato, se polarizó entre los defensores de Salgado, que la consideran como “luchadora social”, y sus detractores, que la acusan de “vil secuestradora”. Dos visiones sin posibilidad de acuerdo.
¿Qué decir, entonces, de Nestora? ¿Cuál es su problema?
Salgado era comandante de la llamada Policía Comunitaria del municipio de Olinalá, Guerrero. En 2013 fue arrestada por el Ejército. En el mismo operativo, los militares liberaron a 49 personas detenidas en cuatro domicilios conocidos como “casas de justicia”. Según un reporte de Paris Martínez en Animal Político, “a partir del testimonio de estas personas, las autoridades ministeriales de Guerrero fincaron 50 cargos de secuestro a Nestora Salgado, nueve de privación de la libertad, dos de homicidio consumado, uno de homicidio en grado de tentativa y uno más por robo. Sin embargo, dos años y ocho meses después de su captura fue liberada, luego de que los jueces que llevaron todas sus causas penales concluyeran que no había elementos para procesar”.
Las seis sentencias de libertad del fuero local fueron impugnadas por la Fiscalía General de Guerrero. Las apelaciones se solicitaron después de que Morena anunciara la candidatura de Salgado al Senado. El próximo 14 de junio se analizará si existe sustento para revisar las sentencias. Así está la situación jurídica de la candidata con datos provistos por verficado.mx.
Siguiendo el artículo de Martínez, la Policía Comunitaria de Olinalá es legal dentro de los sistemas de justicia indígenas que existen en Guerrero. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dicha “policía” incurrió en “abusos físicos y trato inhumano” en contra de personas detenidas en sus cárceles. Se documentaron golpes, abusos sexuales y privación de alimentos.
Ahí está, me parece, el problema de fondo de Nestora. Jurídicamente no se le puede acusar ni de secuestradora ni de asesina. Fue encontrada inocente de dichos delitos. Los fiscales están apelando las sentencias, pero resulta sospechoso que lo hayan hecho después de que Morena la nombrara como su candidata.
Insisto: El problema no es jurídico. El problema son las llamadas “policías comunitarias” o “autodefensas”. Personajes como Nestora se han hecho famosos por el fracaso del Estado de proveer seguridad a la población. En la medida en que las comunidades han quedado indefensas, se han organizado para protegerse de los delincuentes. Pero, como hemos atestiguado en estados como Michoacán, estos cuerpos acaban siendo peores que los criminales que supuestamente combaten. Es el viejo problema del que hablaba Juvenal: Quis custodiet ipsos custodes? ¿Quién vigila a los vigilantes?
En México tenemos un terrible problema de abuso de derechos humanos con las instituciones que proveen seguridad. Ha sido el caso del Ejército y la Marina, metidos en labores policiacas para las que no están entrenadas. Es el caso cotidiano de las policías federal, estatales y municipales. Muchas veces hacen lo que se les pega la gana. No respetan ni sus protocolos ni los derechos humanos. Si esto es un problema con las instituciones del Estado, ahora imagínese a cuerpos organizados en las comunidades.
¿Quién vigilaba a la vigilante Nestora? ¿Acaso nunca abusó de su poder? ¿Arrestaba o secuestraba? ¿Respetaba el derecho al debido proceso de sus detenidos? ¿Los trataba humanamente en sus cárceles?
La respuesta es no. Lo dice la CNDH. La comandanta Salgado y sus subordinados son responsables de violaciones a los derechos humanos. A lo mejor lo hicieron en la noble tarea de proteger a su comunidad. A lo mejor se les subió el poder a la cabeza y se marearon. El punto es lo chueco que está México al tolerar —y premiar— cuerpos policiacos que operan fuera del paraguas del Estado. Es una barbaridad y el problema de fondo de Nestora. Yo no sé usted, pero yo no quiero vivir en un país donde proliferan personajes que pueden ser, para unos, “luchadores sociales”, o “viles secuestradoras” para otros. Y, ante la duda, que tampoco terminen ejerciendo el poder desde una institución del Estado tan importante como el Senado de la República.
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