Quienes hemos luchado por las candidaturas independientes desde hace años no podemos más que congratularnos de que haya dos o tres aspirantes sin partido en la boleta si llega a confirmarse esta hipótesis. Asimismo, quienes apoyamos la candidatura de Ricardo Anaya, y sabemos que la elección presidencial se ha vuelto una contienda entre dos –Andrés Manuel López Obrador y el propio Anaya– no podemos más que recibir con cierto agrado la presencia de Jaime Rodríguez en la boleta. Seguramente la razón por la cual el gobierno logró que el Tribunal lo absolviera de la cantidad de trampas que hizo fue para que en los debates y en la campaña se concentrara en pegarle a AMLO, sobre todo en el norte del país. Sin embargo, estos dos motivos abstractos y válidos no bastan para estar de plácemes. Al contrario.
Es absolutamente inverosímil que el Tribunal Electoral avale dos candidaturas –la de Margarita Zavala y la de Jaime Rodríguez– que claramente recurrieron a todo tipo de trampas y procedimientos ilegales para lograr las firmas necesarias. Si esas trampas y procedimientos irregulares contribuyeron a obtener más o menos firmas que el número necesario es irrelevante; no se trata de qué tanto robaron, ni de qué tanto abusaron de una persona; de qué tanto y cuánto tiempo secuestraron a alguien. El problema aquí es que quienes cometen un delito o violan la ley electoral –y el INE claramente lo dijo en ambos casos– debieran estar inhabilitados para contender por un puesto de elección popular.
Conviene señalar que, más allá de lo que uno piense de la proporcionalidad de la sentencia dictada contra el expresidente brasileño Luis Inacio da Silva, Lula –doce años y nueve meses en prisión–, en cualquier caso está inhabilitado por la ley de ‘ficha limpia’ en Brasil para contender por la presidencia. Esa ley justamente lo que determina es que cualquiera que haya sido sentenciado, o que haya cometido un delito y exista una sentencia al respecto en segunda instancia, automáticamente queda inhabilitado, más allá de si con posterioridad sus apelaciones puedan tener éxito ante los tribunales llamados de casación.
Es increíble que el gobierno de Peña Nieto y el PRI desvirtuaran –hasta destruirlas– las instituciones que, con mucho trabajo y no siempre con éxito, se han construido a lo largo de los últimos 24 años en materia electoral. Ni el Tribunal, ni el IFE antes y el INE ahora, son perfectos. Han cometido a lo largo de estos años un sinnúmero de errores; sus integrantes han sido designados por cuotas en el Congreso; y en ocasiones han aplicado leyes inaplicables o absurdas. Pero no se había llegado a tal grado de cinismo como para resolver que, a pesar de todas las denuncias y explicaciones del INE a propósito de Jaime Rodríguez, de cualquier manera se valide su candidatura simplemente porque, según esta teoría del Tribunal, no tuvo derecho de audiencia suficiente.
Y aquí es donde se vuelve más seria la cosa. En estos días de visitar a inversionista tras inversionista en la ciudad de Nueva York, y de dar conferencia tras conferencia en universidades y diversos foros, he confirmado algo que ya intuía. El equipo de Andrés Manuel López Obrador ha hecho bien la tarea en este sector en Nueva York. Sí ha calado la idea de que, uno, es otro Andrés Manuel; dos, ahora sí está rodeado por gente sensata; y tres, sobre todo, las instituciones mexicanas hoy son sólidas, robustas e independientes. No van a sucumbir ante cualquier tentación autoritaria, populista, nacionalista o estatista que pudiera albergar AMLO. Como me dijo una exalumna que trabaja en una agencia calificadora, la analogía con Luis Echeverría no vale. No sólo por las razones que con mucha sensatez han esgrimido León Krauze y Jaime Sánchez Susarrey, aunque no necesariamente las comparta, sino porque las instituciones mexicanas hoy son mucho más autónomas y fuertes. Supongo que no se refería al Tribunal Electoral, por ejemplo, ni tampoco a otras cuya independencia o autonomía han dejado mucho que desear en los últimos meses o años.
