La nueva propuesta migratoria de Donald Trump coloca a muchos en una posición incómoda. Concederle una amnistía a casi dos millones de dreamers o DACA’s en potencia; reducir dramáticamente el criterio de reunificación familiar para otorgar la residencia permanente a terceros; eliminar el sistema de lotería para ciertos países, y aprobar un presupuesto de 25 mil millones de dólares para construir el famoso muro. En su conjunto, el paquete encierra propuestas odiosas y otras de gran atractivo para el Partido Demócrata de Estados Unidos, para la comunidad hispana en ese país, y para el mismo gobierno de México. Concentrémonos en este último.
Hay aproximadamente 6 millones de ciudadanos mexicanos sin papeles al norte de la frontera. De los 1.8 millones de dreamers posiblemente beneficiados, más o menos 1.5 millones son mexicanos. De tal suerte que la propuesta de Trump regularizaría, de manera provisional a corto y mediano plazo, y de modo permanente a largo plazo, a la cuarta parte de los indocumentados mexicanos. No es poco.
Eliminar la reunificación familiar no extendida (es decir, conservando la preferencia otorgada a hijos, padres y cónyuges) perjudicará a muchos mexicanos, pero de una manera indirecta. Los plazos para obtener una visa por este camino y que desemboque en la residencia permanente son eternos, e inciertos. En cuanto al muro, para Peña Nieto y su equipo el problema siempre ha estribado en el pago, no en el hecho. Con los 25 mil millones se resuelve el pago, y el hecho igual le tocará al presidente que siga.
Por estas razones, y otras más que mencionaremos a continuación, comprendo la posible tentación que le provoca la idea de Trump a las autoridades mexicanas. Aunque no la cabildeen con los demócratas, aunque no lo digan en público, aunque les duela un poco en su amor propio, no es absurdo que en su fuero interno la aprueben y le den la bienvenida. Sobre todo si se ve acompañada por un ingrediente adicional.
Cada año, el gobierno estadounidense otorga una determinada cantidad de visas temporales para empleos agrícolas y de servicios de baja calificación (sobre todo de la industria de la construcción y hospitalidad). Se trata de las categorías H2a y H2b, que en principio, y hasta ahora, no poseen un tope o una limitante legislativa (la H2b tiene un límite del Congreso, pero puede ser rebasado por una decisión o waiver del presidente). El Poder Ejecutivo las asigna en función de nacionalidades, necesidades y disponibilidades.
Como es lógico, la enorme mayoría (93%) se entregan a mexicanos. En parte por inercia (el año anterior, fulano de tal de Zacatecas fue a trabajar a la pizca de la uva de mesa a Delano, California), en parte por competitividad de costos (el transporte es prácticamente gratuito) y por el entendimiento de los trabajadores temporales mexicanos con los trabajadores o capataces mexicanos con papeles, o con los empleadores mexicano-norteamericanos. Algunos ingenuos –tanto allá como acá– piensan que como ya se revirtió –supuestamente– la migración de México a Estados Unidos, ya son pocos los paisanos que desean irse a trabajar al campo de California, a los rascacielos en obra de Nueva York, o a los hoteles de Las Vegas. Parece que los paisanos discrepan.
En el ejercicio 2016 (es decir, de octubre 2015 a septiembre de 2016), se extendieron 422 mil visas H2a y H2b a mexicanos (Yearbook of Immigration Statistics, FY 2016, DHS, Table 32, p 86) Para el ejercicio siguiente –que concluyó el 30 de septiembre pasado–, la cifra aumentó por lo menos en un 15%. El total de trabajadores temporales y familiares sumó 843 mil el mismo año.
Pues bien, Trump y su equipo están seriamente considerando aumentar el número de H2a y H2b al doble, o quizás hasta 600 mil mexicanos adicionales, para cubrir las necesidades de reconstrucción de las zonas devastadas por los huracanes Harvey e Irma. Podrían llegar entonces a la cifra mágica de un millón de trabajadores, y casi dos millones incluyendo a familiares. En la mayoría de los casos, serían contratos renovables por lo menos por tres años, y quizás más, y podrían ser portátiles. Es una enchilada más que completa. De materializarse esta propuesta, sería indeclinable para México.
