Luego de que el Tesorero Municipal, Ricardo Chavarría declaró públicamente que el Ayuntamiento de Tijuana será el rector y supervisor de las obras y mantenimiento del alumbrado público, el ingeniero Rolando Escobedo, dirigente de la Asociación de Comerciantes Eléctricos de Tijuana (COMET), aclaró que eso no es correcto, que debe licitarse a una empresa externa.
“El Ayuntamiento no puede ser el supervisor, porque no tiene capacidad para hacerlo; ¡no pueden reparar las lámparas de la ciudad, y ahora resulta que sí pueden supervisar! No tienen ni la experiencia, ni conocimientos técnicos, ni el personal suficiente y adecuado siquiera para esa supervisión”.
“Además, conforme a la Ley de Obra Pública del Estado, debe licitarse a una empresa o equipo técnico especializado la supervisión externa de toda obra pública; eso es lo correcto, lo que deben hacer”.
“Si Chavarría no sabe eso, debe dejar que responda el Secretario de Desarrollo Urbano, Ricardo Lomelín Clapera, que se supone le sabe a eso de la construcción”, explicó el Presidente de la Asociación de Comerciantes Eléctricos de Tijuana (COMET), ingeniero Rolando Escobedo Ortiz.
Por otra parte, insistió en cuestionar a Lomelín Clapera, y al Director del Instituto Metropilitano de Planeación de Tijuana, Daniel Rivera, por qué se plasmó en las bases de licitación una cláusula de rescisión conveniente a la empresa que gane la concesión y no al municipio, a los ciudadanos.
Reiteró que es demasiado lucrativo, el negocio de la década, para quien gane la licitación, porque en caso de que un nuevo alcalde quiera rescindir el contrato el Ayuntamiento le tendrá que pagar una multa de 1,645 millones de pesos en el segundo año de correr la concesión, o 1,530 millones de pesos al tercer año.
“Luego de eso, prosiguió, las reducciones a la “multa por rescisión” son en porcentajes muy menores, y eso no tiene nada de beneficio para los tijuanenses, que somos los que pagaremos los 15 años de concesión”, replicó el ingeniero Escobedo Ortiz.
El Tesorero Municipal habló de una garantía de 40 millones de pesos que deberá pagar la empresa concesionaria en caso de no cumplir los términos del contrato, y deba ser cancelada su concesión, “pero eso no es nada, comparado con la multa por rescisión”, advirtió el dirigente de los comerciantes eléctricos de la localidad.
Finalmente señaló que en la lista de las 23 empresas interesadas en la concesión solo son radicadas en Tijuana: IPEC Industrial S.A. de C.V., Constructora Transpeninsular S.A. de C.V., Proyectos e Instalaciones de las Américas, y Constructora Inmobiliaria Loreto; el resto ni siquiera son del estado de Baja California, y lo ideal es que la mayoría de participantes sean compañías locales.
