En México existe un nivel de informalidad que supera al 57% de la Población Económicamente Activa. Esto quiere decir que sólo una minoría de la población en edad de trabajar, lo hace de manera legal y pagando impuestos.
Este fenómeno ha desatado el surgimiento de nuevas actividades ilegales, donde cada vez más mexicanos participan. Obviamente, varias de estas actividades implican la complicidad de propios funcionarios gubernamentales. Un triste ejemplo de esta situación, es el lucrativo negocio del robo de gasolina, delito apodado como “huachicol”.
En un estudio llevado a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se determinó que Petróleos Mexicanos (Pemex) pierde por robo de hidrocarburos 54 millones de pesos, lo que se traduce en una afectación anual de 19,640 millones de pesos. Si se le suman 2,809 millones de pesos que Pemex invierte para reparación y saneamiento de tomas, las pérdidas aumentan a 22,449 millones anuales. Las pérdidas son 21% mayores al año anterior, lo que demuestra un crecimiento exponencial.
El estudio concluyó que “la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de PEMEX”, órgano que tiene decenas de funcionarios que ganan sueldo por proteger la integridad de la dependencia, no cumple con la meta de reducir de manera significativa el número de tomas clandestinas en el ámbito nacional, ni muestra avances positivos en su estrategia integral de seguridad en lo concerniente a la prevención de actos ilícitos en materia del robo de hidrocarburos”.
Uno de los datos reveladores, es que de hecho PEMEX sí cuenta con infraestructura de vigilancia comprada con un millonario presupuesto: Se ocuparon en años recientes 7,711 millones de pesos para el mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos y lacustres.
No obstante, 33% de los helicópteros, aviones y drones comprados para este fin, se encuentran en una bodega echándose a perder. El resto de los equipos, se utiliza para el traslado constante de funcionarios de la paraestatal de “alto nivel”, por lo que sólo un 5% de los equipos se usa para vigilancia y monitoreo.
De acuerdo con cifras oficiales, la PGR tiene abiertas 19,747 investigaciones abiertas por el delito de robo de hidrocarburo desde el 2011.
Desde entonces, sólo 3,000 personas han sido detenidas por ese delito, de las cuales sólo 712 han sentenciadas, es decir el 3%.
Del 2013 al 2016 han sido descubiertas y aseguradas 1,181 tomas clandestinas de hidrocarburos, principalmente en Oaxaca, Puebla, Durango, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tabasco, Veracruz y San Luis Potosí. El combustible robado, se vende en decenas de ciudades distintas del país.
Este modus operandi que nos ha sido mostrado por el estudio de la ASF, nos debe alertar sobre el futuro de una informalidad creciente en complicidad con la corrupción de funcionarios políticos: Un daño irreparable a la infraestructura de nuestro país y su tejido social.
