El Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California (ITAIPBC), Octavio Sandoval López, expresó que se deben transparentar y someterse al escrutinio público los proyectos de las asociaciones público privadas, lo anterior, con motivo del creciente interés social respecto de los dictámenes 94 y 95 de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado.
Explicó que la ley define a los proyectos de asociación público privada como aquellos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los que se utilice infraestructura y recursos total o parcialmente del sector privado; así como aquellos bajo cualquier esquema para desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y de innovación tecnológica.
Arturo Sandoval subrayó que este tipo de asociaciones requieren de un monto muy alto de inversión en recursos en los primeros años, y los Estados al no contar con ellos, acuden a este tipo de alternativas.
Puntualizó que debido a la naturaleza de estas asociaciones se debe poner en una caja de cristal toda la información referente a los proyectos de asociación publico privada, como son las etapas del concurso, que inicia con la convocatoria y las bases para concursar, las propuestas presentadas, la evaluación de las mismas y el fallo de adjudicación, así como los actos posteriores al fallo, y una vez que se concrete, ésta será sujeto de la Ley de Transparencia del Estado.
El Comisionado presidente reiteró que se debe trabajar en esta materia sobre las buenas prácticas de Gobierno Abierto, y de acuerdo al principio de máxima publicidad y a la obligación del Estado de transparentar su gestión, se debe dar acceso a la ciudadanía de aquellos compromisos que el gobierno adquiere con estas asociaciones, máxime que los mismos exceden de su periodo de gestión.
“Reiterando a los bajacalifornianos que cuentan con el derecho de solicitar aquella información pública que sea de su interés ante la unidad de transparencia del Gobierno del Estado, y en caso de que no obtengan la información requerida, pueden acudir ante este Instituto de Transparencia para que les garantice su derecho de acceso pues la información pública en poder del Estado es propiedad de los bajacalifornianos, por esta razón tienen derecho a acceder a ella solo con los límites que la propia ley establece», concluyó.
