A Alejandro Ramírez Acevedo
Dicen los estudiosos que el Homo Sapiens logró imponerse a las otras especies humanas (Homo Erectus, Homo Neandertal) cuando fue capaz de desarrollar un lenguaje, comunicarse y recabar y analizar información. Gracias a ello le fue posible conocer el desplazamiento de los mamuts, los asentamientos de sus adversarios, las tierras fértiles y los peligros que le acechaban, información que resultó vital para su supervivencia.
Salvo por las innovaciones tecnológicas en los métodos de recolección, en 12 milenios las cosas no han cambiado mucho. Día con día hombres y mujeres, en todas las latitudes, recaban y analizan información para enfrentar y/o neutralizar hechos, eventos o actores, que amenazan su bienestar y supervivencia.
A la unidad administrativa que se dedica a estas labores en el Estado se le conoce como aparato de inteligencia que, con distintos nombres, formatos y modalidades, realiza estas tareas. Más aún, hoy en día un indicador de la fortaleza de un Estado son sus aparatos de inteligencia, esto es, su capacidad para conocer, prevenir y anticipar.
Pero ha habido un cambio importante. A raíz de la institucionalización de los derechos ciudadanos aparecieron las regulaciones a las actividades de inteligencia. Hoy en día la mayor parte de los Estados no están autorizados a espiar indiscriminadamente a sus ciudadanos. Sólo a aquellos que representen amenazas a la seguridad y supervivencia del Estado y para ello deben presentar evidencias, o al menos indicios robustos, de que el sujeto o grupo en cuestión representan una amenaza real o potencial al interés común.
La tentación para utilizar los aparatos de inteligencia del Estado para beneficio personal de políticos, gobernantes u otros actores, considerada una perversión en el uso de los aparatos de inteligencia, ha sido también una constante histórica. De ahí la inquietud provocada por el caso Pegasus, por el supuesto uso de una herramienta de recolección exclusiva del Estado para recabar información de actores que no necesariamente amenazan su seguridad.
La acción del Estado contemporáneo en temas de seguridad nacional e inteligencia se ha convertido en uno de los aspectos más complejos de la gobernabilidad. En el caso concreto de México, una de las principales amenazas al Estado – población, territorio e instituciones – es el crimen organizado. Está más que probado que en su combate y contención la inteligencia juega un papel central, en particular la inteligencia financiera. Los aparatos de inteligencia más sofisticados no van sobre las drogas sino sobre las ganancias que producen. Sin recursos el negocio se seca. El terrorismo es otro claro ejemplo. No se atrapa a los terroristas en los retenes de los aeropuertos ni en los cruces fronterizos. Sólo la inteligencia puede dar los insumos necesarios para detectar, ubicar y actuar en contra de estas organizaciones. En estos casos, la inteligencia de Estado no solo se justifica, se vuelve imprescindible.
La perversión en el uso de los aparatos de inteligencia del Estado ha llevado a que en muchos países se estigmaticen sus actividades, incluso su existencia. Hoy en día este es un falso dilema. México requiere de un aparato de inteligencia robusto, especializado, bien orientado y con funcionarios profesionales y con vocación de Estado. Alejandro Ramírez (1967-2017) y Joaquín Arenal (1962-2017) fueron ejemplo de ello. Dedicaron su vida a las labores de inteligencia del Estado mexicano, en el anonimato y sin reconocimiento público. Funcionarios honestos que mostraron lo que se puede y debe hacer desde nuestros aparatos de inteligencia. Ellos, y quienes siguen sus pasos, merecen nuestro respeto y reconocimiento. De todo hay en la viña del Señor.
