Empresarios del sector gasolinero representados por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO) y la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEG), con el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, iniciaron el 2017 encabezando el movimiento de defensa más grande promovido en el país en contra de la Reforma Fiscal y en particular del “gasolinazo”, de la mano del Dr. Adolfo Solís, socio director de la firma Grupo Farías, quien presentó el 10 de febrero, ante los juzgados de Distrito en Tijuana, el amparo colectivo –de más de 26,000 firmas- para defender por las vías legales un precio adecuado, competitivo y con reglas claras.
Lo que se busca con el amparo es destruir la metodología para fijar el precio del combustible, a la que el Dr. Solís Farías calificó como inventada, abstracta, imprecisa, estructurada además con parámetros internacionales sustentados en información no oficial, de instituciones privadas.
En entrevista para Business Conexión, el abogado fiscal observa que ni el costo de la molécula, ni el costo del barril de petróleo, ni el costo de la refinación, ni el costo de importación, mucho menos los costos de distribución, han tenido alteraciones en los mercados internacionales como para poder decir que podía proceder un incremento. El tipo de cambio subió pero ¿por qué tiene que ser éste un factor para determinar el precio del combustible?, cuestiona. “México no compra dólares, México recibe dólares y paga el costo de refinación con líneas flexibles en dólares”.
A nivel de instituciones, señala que el Sistema Judicial está fracturado tras haber incorporado a nivel federal jueces magistrados y ministros con trayectoria política, y que han estado al servicio de la Secretaría de Hacienda. “El que se incorpore a este tipo de personas al Sistema Judicial da como resultado natural la protección del Estado en sus abusos y excesos, y desafortunadamente los temas prioritarios para este país están siendo erradicados en esos juzgados, donde están los conocidos, los amigos, los políticos”. Pero esto no nos debe desestimular, considera, porque las luchas sociales generan evolución y transformación. “La lucha social que se lleva por la vía legal tiene mayor capacidad y potencialidad de perdurabilidad que los discursos que se emiten en foros o en manifestaciones; la lucha social por la vía legal tiene sujeto a proceso al Estado por uno o dos años, y a veces una marcha representa para el Estado una molestia de un día, pues es un acto espontáneo y único que no cambia las instituciones”, opina.
“La imposición de más tributos obedece al letargo de la población”
De acuerdo con el especialista, la población está relajada y eso ha dado pie al incremento de impuestos; el gobierno de México recaudó el año pasado 308,000 millones de pesos más a lo estimado, según el Informe de Gestión Tributaria del 4to. Trimestre del 2016.
“La meta que se tenía prevista en la Ley de Ingresos de la Federación en 2016 era por 2.4 billones de pesos, pero se cerró el año con 2.7 billones, por tanto la imposición de más tributos no siempre obedece a una baja recaudatoria, sino al letargo de la población”.
En este mismo sentido, declaró que lo que se presupuesta y lo que se manifiesta en la cuenta pública es divergente, y que los gastos no se ejercen tal y como se tienen programados, es decir, muy posiblemente a nivel Presidencia de la República y poder legislativo se gasten cantidades hasta siete veces superiores de las que les fueron asignadas presupuestalmente.
“La población está relajada, cansada y eso ha permitido que los políticos se roben el dinero. Los culpables de esto son los propios ciudadanos al no reclamar con acciones perdurables, sino con reclamos esporádicos que se sofocan con el tiempo”, señala.
“La liberalización de la importación de gasolina, una operación fáctica”
Las firmas proveedoras de las estaciones de gasolinas y las empresas que quieren independizarse de la marca de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para surtir combustibles acumulan 248,700 millones de litros, a través de 206 permisos para la importación en los próximos años, la cantidad equivale a cerca de tres años de lo que consume en promedio el mercado mexicano, según datos de la Secretaría de Energía (SENER). Pero hasta ahora, ninguna compañía ha usado sus permisos para la importación de gasolinas para su comercialización en estaciones de servicio.
“La liberalización para importar gasolina y abrir estaciones de servicio es una operación fáctica porque hoy cuesta más importar gasolina, y someterla a un proceso de almacenamiento y distribución hasta el punto de venta, que comprarla en México”, declara Solís Farías, para quien la fórmula de PEMEX está diseñada para no perder, pues Petróleos Mexicanos desaparecería en el momento en que otra empresa llegue con mejor precio y producto; “eso explica el porqué de la manipulación en toda la estructura de precios”.
Para concluir, explicó que a diferencia del anterior amparo contra la homologación del IVA, en este amparo se utilizó un sistema tecnológico “sumamente avanzado”, desarrollado en tres días por 14 ingenieros informáticos de distintas universidades de Tijuana, el cual agilizó el proceso de recopilación de firmas, al permitir a los mismos ciudadanos ingresar a distancia sus datos de validación para después imprimir el formato y firmarlo cada uno de los registrados. El sistema fue además estructurado para generar un código de barras por cada ciudadano que firmara, dando celeridad al proceso de captura de datos.
¿Qué sigue en este proceso?: “que los juzgados de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en la Ciudad de México admitan la demanda de amparo, provean la suspensión y desahoguen periciales. Se espera que la resolución de fondo del amparo tarde al menos un año.
