«Tenemos 2 millones de desocupados, si sumamos los 6 millones de mexicanos que Trump quiere deportar, hablamos de 8 millones. No hay industria ni oferta de empleos para absorberlos», reflexionó la economista y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Ana Laura Segura Martínez.
Extraño en su propia tierra
«Solo me dieron una tarjeta de 30 pesos para hacer llamadas telefónicas», recuerda Ricardo González Contreras en relación a cómo fue recibido por el Estado mexicano tras ser deportado el último 4 de abril. «Me recibió el Consulado, pero nadie del Gobierno vino a ofrecerme trabajo, vivienda o acceso a la salud. Tampoco te brindan dinero. La respuesta fue mínima, te dan una hoja de repatriación y es todo», relata el recién llegado ante la consulta de RT.
Contreras tiene 29 años, nació en la Ciudad de México, pero a los 15 se marchó a EE.UU. llevado por su madre. «Fue para estar todos juntos, mi padre se encontraba allí», explica. Pasó 12 años viviendo en el estado de Idaho y tres en Utah, y se las arregló con distintos oficios: «Allí trabajé como pintor y cocinero», comenta. Sin embargo, ya había sido expulsado tres veces al querer cruzar la frontera ilegalmente cuando iba a México por algunos meses y luego intentaba regresar. Su permanencia pendía de un hilo.
Finalmente, llegó el día más temido: «Estaba tramitando mi Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que es un permiso para estudiantes, pero ya no calificaba por mis deportaciones anteriores». Esa negación fue la excusa perfecta para echarlo, y así lo hicieron las autoridades: «Me detuvieron y aquí estoy», sintetiza.
Contreras está transitando los primeros días como ciudadano repatriado, pero la adaptación no es nada fácil: «Fue duro volver a México, no estoy acostumbrado al país, me siento extraño, casi no pertenezco aquí. Soy como un extranjero más», se lamenta. Actualmente vive en la casa de unos tíos; el resto de su familia se quedó en EE.UU. «Ahorita estoy tramitando mis papeles para poder buscar trabajo –la Clave Única de Registro de Aprobación (CURP) y el acta de nacimiento, entre los más destacables–, pero se me ha dificultado, todavía no me los han dado», cuenta. «Me mantengo con el dinero que pude traerme de allá y con lo que me da mi familia», añade.
Además, exige responsabilidades gubernamentales: «Al Estado mexicano le diría que nos ayude, sobre todo a las personas que están regresando. Por suerte tengo algo con qué sustentarme, pero hay gente que vuelve sin un peso. Muchos llegan sin conocer a nadie y muy dañados psicológicamente. Un poco de ayuda económica y un lugar donde vivir sería lo mínimo«. Para cerrar su ‘crónica de una deportación anunciada’, concluye: «Si tuviese la oportunidad de volver a EE.UU., lo haría, pero con Trump lo veo muy difícil y ya no quiero vivir así».
Pensando en las elecciones, pero actuando poco
Como si fuera un eslogan de campaña, o una broma de mal gusto, el sitio oficial del Gobierno difunde que «con el programa Somos Mexicanos hay esperanza para los repatriados». «En el Instituto Nacional de Migración estamos preparados para recibirlos y apoyarlos. ¡México es su casa!«, añade. También desde el Ejecutivo explican que les ofrecen una cordial bienvenida, alimentos, los papeles necesarios para desarrollarse, transporte, llamadas por teléfono y orientación sobre la obtención de empleo. En 2018 se celebrarán elecciones federales y el PRI, que gobierna actualmente, tiene serias intenciones de repetir su mandato por casi seis años más.
Más allá de la versión oficial, para acercarse a la realidad es necesario consultar a especialistas que se desarrollen fuera del ámbito estatal. Luis Ángel Gallegos es coordinador en el Programa de Atención al Retorno en la Ciudad de México desde 2012, desarrollado por el Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural. Esta ONG tiene una larga experiencia trabajando junto a los refugiados en EE.UU. y aquellos que volvieron, «ayudándolos a crear condiciones socioeconómicas en sus comunidades y un sentimiento de arraigo», comenta. «Queremos lograr una «reinserción menos lastimosa», asegura.
Uno de los mayores conflictos es que, al arribar al país, la situación de los deportados es crítica: «Llegan en estado de shock, muchos ni siquiera conocían México. Su salud mental es algo muy importante para atender», destaca Gallegos. Además, suma que «tienen un gran desgaste emocional, la UNAM estudió el asunto y considera que muchos casos pueden terminar en suicidios». Sobre el estado en que son expulsados, cuenta: «En muchas situaciones son detenidos con lo que traen puesto encima y les colocan uniformes, como de presidiarios. A veces traen un pequeño costal donde pueden juntar algunas pertenencias». Y continúa: «Tampoco les dan su dinero, en cambio reciben un cheque, pero solo puede cobrarse en EE.UU. Hay cientos de historias sobre deportados que les han quitado todo. Por lo general, cuando no tienen familiares en EE.UU., suelen perder su patrimonio. Hay casos de mexicanos que ya estaban pagando sus casas, pero al ser echados, se las embargaron. En realidad, la mayoría de los deportados tenía bienes considerables en EE.UU.».
Por otro lado, el experto detalla los nuevos paradigmas en la adaptación: «Antes agarraban a personas por cruzar la frontera o que como máximo tenían uno o dos años viviendo en EE.UU., ahora deportan a personas que ya estaban viviendo hace 8 o 10 años, con poco arraigo a su origen. Las personas que no cuentan con redes de apoyo, como familiares y amigos, tienen una vulnerabilidad importante. Aquí no encontrarán los salarios estadounidenses. Además, muchas veces no tienen donde dormir, en México no existen albergues específicos para los migrantes. Son expulsados del país al cual decidieron emigrar, pero tampoco son bien recibidos en su nación de origen».
Sobre las políticas gubernamentales frente a esta crisis, Gallegos opina: «El Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM) mejoró algunos aspectos. Antes se tiraba a los deportados en el desierto y sus vidas corrían peligro. Con este plan el Estado mexicano le pagaba, y lo sigue haciendo, a EE.UU. por las repatriaciones, es decir, por los vuelos. Actualmente, solo a Ciudad de México arriban 3 aviones por semana con 135 connacionales cada uno». Pero critica: «Lo que hizo el Gobierno actual es cambiarle el nombre al plan que ya existía, por Somos Mexicanos, pero no le destinó recursos. Solamente hay respuesta logística, también les pagan el autobús a los deportados para llegar a sus localidades, pero no se atienden las urgencias, como la necesidad de vivienda». En cuanto a este tópico, abunda: «Solo hay albergues para personas en situación de calle, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades les pide a estos centros que reciban a los deportados, pero obviamente no tienen la capacidad de hacerlo. Pagar una renta también es difícil si no tienes familiares y no posees ningún aval».
El especialista comparte más motivos para reprobar la actitud oficial: «Peña Nieto y otros funcionarios públicos dicen que ayudan a las personas en su integración y que les realizan un seguimiento. Eso no es cierto. No puedes hablar de integración cuando no estás garantizando el derecho a la identidad por falta de papeles, como el pasaporte o acta de nacimiento. Es absurdo que los pasaportes expedidos en EE.UU. no sean válidos en Consulados mexicanos. No puedes hablar de integración cuando no garantizas las condiciones económicas para el desarrollo. En materia de salud solo los inscriben en el Seguro Popular, que es muy deficiente. Hay personas que necesitan tratamientos muy específicos y no encuentran respuesta. El Estado no hace nada, solo hay un plan llamado Salud a Distancia, donde se atienden a los pacientes en líneas telefónicas«.
«El Gobierno mexicano no está a la altura del problema»
Los deportados bajo el mandato de Donald Trump, hasta febrero, fueron 25.860, según la cifras manejadas por el Registro Nacional de Migración, que no contemplan a aquellos que regresan a México de forma voluntaria. Aunque el conflicto no parezca tener una pronta resolución, la economista Ana Laura Segura Martínez considera que el factor principal es la mala distribución de recursos. En efecto, los fondos para integrar a los deportados sí existen: «El año anterior se recibieron en México 26.970 millones de dólares en remesas –plata enviada por los emigrantes a sus familias, desde EE.UU.–, es un dineral», asevera.
«Después de la Reforma Energética de 2013, esta se convirtió en la mayor fuente de ingresos para el país, superando al petróleo y al turismo», desmitifica. A su vez, la docente universitaria agrega que «hay 1,4 millones de hogares que dependen de este dinero, en promedio son 290 dólares al mes». El otro conflicto radica en que «la mayoría de las remesas no se envían con fines productivos, 6 de cada 10 pesos se usan en gastos corrientes, como pagar la renta y comida» ejemplifica.
En materia laboral, resalta que «a nivel federal no se han elaborado planes concretos a corto plazo para recibir a los migrantes que regresan». «Ellos no van a encontrar trabajo. ¿Pondrán a 6 millones de personas a dar clases de inglés? Esas respuestas me parecen de lo más absurdo«, subraya. Martínez cree que «el Gobierno mexicano no está a la altura del problema», y describe el conflicto estructural de la crisis: «Se desintegró la industria, los deportados podrían irse a la agricultura, pero la concentración de tierras también es brutal. Nuestra economía es de servicios, extractivista y expulsora de la fuerza de trabajo, con un sector financiero improductivo. Muchos de estos servicios, como salud, educación y electricidad, están en proceso de privatización, con el petróleo ya lo estamos viendo. Se habla de una restructuración, que significa despedir trabajadores», concluye.
El pasado 22 de marzo el equipo de RT le envió a la administración de Enrique Peña Nieto una serie de preguntas para saber cómo podrían garantizar el bienestar de los deportados repatriados.
