Para el presidente Donald Trump la orden ejecutiva Border security and enforcement improvements del 25 de enero de 2017 pretende ser la más amplia y profunda en la materia, y está construida sobre la base de tres premisas para Estados Unidos: la seguridad de las personas, la integridad territorial y asegurar que las leyes de inmigración se cumplan.
En dicha orden ejecutiva tres componentes son esenciales como amenazas a la seguridad nacional: los inmigrantes, las organizaciones del crimen organizado transnacional y el terrorismo; las cuales se encuentran en el corazón de las preocupaciones de la actual administración, dirigidas en ambos casos por militares de alto rango, enviando el mensaje claro de la militarización de la seguridad nacional y la seguridad interior.
En las actuales condiciones, la frontera mexicana en puntos como Tijuana, en Baja California, Ciudad Juárez, en Chihuahua, y Matamoros, en Tamaulipas los coloca en el epicentro del ajuste estructural que la administración Trump busca reformular. Situación que no es nueva porque ya se ha venido edificando en distintos momentos, empero es radical.
Asimismo, el análisis sistemático de la frontera es un referente obligado de la relación con todo el continente y el mundo entero. A su vez la política de frontera con México se subordina a las nuevas reformas del Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de Seguridad Interior de la Oficina Oval que buscarán mayores controles en el transporte, el comercio, el movimiento de personas y bienes, crimen organizado transnacional y el posible paso de terroristas a Estados Unidos.
También, afecta el paso de buques entre las aguas del pacífico y el atlántico, el transporte aéreo, la política de recepción de señales satelitales entre ambas fronteras, especies endémicas como en el desierto del Pinacate y el Gran Desierto de Altar, y mares compartidos, reservas naturales, mantos acuíferos y climas… además de todas las transacciones lícitas e ilícitas.
En lugares como Tijuana ya se presenta un exponencial crecimiento poblacional de Haití, África, Cuba y Centro América entre otros, así como la expansión de comunidades musulmanas que o bien no recibieron asilo en su entrada a Estados Unidos o bien, fueron deportados y que hoy viven en esa región del país.
Por otra parte, y de manera sorprendente, se reporta el acecho de la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual es el de mayor poder y expansión en la actual administración en lugares como Tijuana. La política de combate al crimen organizado de Trump apunta una mayor presión sobre las autoridades mexicanas, si no detienen esta expansión, incluso han amenazado con una respuesta militar para defender su frontera, ¿cruzarán la línea?
A pesar de lo anterior, Estados Unidos requiere de la colaboración con México en materia de seguridad y en todas las áreas con intereses compartidos.
Lo que se vislumbra a todas luces es la vulnerabilidad y la hostilidad a la terrible crisis humanitaria in crescendo que se está ya viviendo con el anuncio de todas las medidas antiinmigrantes y de seguridad para las poblaciones de ambos lados de la frontera.
Las autoridades mexicanas carecen de una estrategia comprensiva para defender los intereses y la población dentro y fuera de territorio nacional y esto en sí, además de Trump, es un peligro para la comunidad migrante en ambos países.
No hay que olvidar que el punto crítico de la orden ejecutiva mencionada se encuentra en el siguiente argumento: «El propósito de esta orden es dirigir departamentos ejecutivos y agencias para desplegar todos los recursos legales para asegurar la frontera sur para prevenir una mayor inmigración ilegal al interior de los Estados Unidos y repatriar seres ilegales rápida, consistente y humanamente.»
Estados Unidos en su frontera norte, presenta una buena relación con Canadá y de los puntos de entrada por el Pacífico y el Atlántico se encargan ellos por la vía marítima. La vía aérea es la más complicada porque requiere de una coordinación con todos los aeropuertos del mundo. En el plano territorial, la frontera con México es donde la percepción de inseguridad es mayor para la administración Trump.
Asimismo, la orden ejecutiva busca ajustar los programas migratorios más importantes desde 1996 por la administración Clinton, dirigidos a «prevenir» actos terroristas hasta los procedimientos de ajustes en el fortalecimiento de las fronteras como Immigration and Nationality Act and the Secure Fence Act en la época post 11 de septiembre con la finalidad de ir armando la estructura de freno de la naturalización, persecución y expulsión de migrantes y la joya de la corona: la construcción del muro.
En todos los casos, estas iniciativas están siendo combatidas en su seno por condados, estados u organizaciones. Lo cierto es que no se había experimentado una beligerancia de estas proporciones en la Casa Blanca previo a la guerra con México en 1846.
*Abelardo Rodríguez Sumano actualmente es catedrático en la Universidad Iberoamericana, ha sido investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte y profesor de la Cátedra en Investigación Nacional en Seguridad Nacional y de la Presidencia de Estados Unidos en la UdeG.
