Durante su campaña, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió realizar deportaciones masivas de mexicanos e imponer impuestos a las remesas hacia México, esto último como un mecanismo para financiar su muro fronterizo.
¿Qué efectos podrían tener estas acciones sobre la economía mexicana?
En Estados Unidos residen unos 12 millones de mexicanos (con cifras de 2015, el último dato disponible). De estos, alrededor de la mitad (seis millones) son indocumentados. El 60 por ciento de los mexicanos residentes en Estados Unidos tiene entre 20 y 49 años de edad, mientras que 40 por ciento cuenta con menos de 10 años de educación. Es decir, la mayoría están en edad de trabajar y tiene bajos niveles de escolaridad, lo cual les dificultaría insertarse en el sector formal de la economía.
Inicialmente, Trump sostenía que buscaría la deportación de todos los indocumentados. Si esto ocurriera, se observarían fuertes presiones en el mercado laboral. Los seis millones de mexicanos indocumentados equivalen a una tercera parte de todos los empleos registrados en el IMSS, que son alrededor de 18.8 millones de trabajadores y a 11 por ciento de la Población Económicamente Activa de México. Sería muy difícil observar una absorción de estos trabajadores. Si tal deportación se diera, veríamos un fuerte aumento en las tasas de desempleo del país.
Me parece que este escenario tiene bajas probabilidades de ocurrir. La razón es que la economía de Estados Unidos se vería muy afectada. Hoy ese país está en una situación que se puede definir como de pleno empleo, ya que tiene una tasa de desempleo de 4.7 por ciento, que es la que se considera como ‘neutral’, es decir, tasas más bajas resultarían en presiones inflacionarias. Un escenario de deportaciones masivas resultaría en una escasez de trabajadores, justo cuando la nueva administración de Estados Unidos planea implementar un ambicioso programa de infraestructura. De hecho, recientemente el presidente Trump ha moderado su posición diciendo que solamente deportaría a aquellos migrantes indocumentados que tengan un antecedente criminal; no podrá encontrar a más de doscientos mil.
Como mencioné, otra amenaza proveniente de la nueva administración Trump es buscar mecanismos para interferir en el flujo de remesas de trabajadores mexicanos hacia su país. Las remesas en México tienen una importancia macroeconómica. El año pasado México recibió 26.9 mil millones de dólares en remesas; más de 95 por ciento provenientes de Estados Unidos. Este flujo es mayor a lo que el país recibe por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), exportaciones petroleras o turismo. México es el cuarto receptor de remesas a nivel mundial, detrás de India, China y Filipinas.
Creo que será muy difícil para el gobierno de Estados Unidos reducir de forma significativa este flujo. En primer término, las remesas han demostrado ser muy inelásticas, es decir, que responden poco ante cambios en precios. Si, como sugirió algún congresista republicano, se llega a imponer un impuesto de 2.0 por ciento a las remesas, éstas caerían en algo menos que esa cantidad. Más aún, para que una medida impositiva sea efectiva, tendría que imponerse a las remesas hacia todo el mundo. De lo contrario, sería fácil para los mexicanos enviar las remesas a un tercer país, y de ahí a México. Imponer un impuesto alto a las remesas hacia todo el mundo podría interferir con la libre movilidad de capital, que es un principio que defienden muchos congresistas republicanos. Trump también ha sugerido que se podría requerir documentación migratoria como requisito para enviar una remesa.
Eso tendría un efecto negativo en el corto plazo en los envíos de dinero, pero no en la tendencia de largo plazo pues las personas buscarían hacer sus envíos a través de familiares y amigos.
En resumen, al igual que en el caso del comercio, detrás de toda la retórica de Trump parece ser que en la realidad, en materia de migración y remesas, no veremos cambios estructurales.
