Cuando el presidente Enrique Peña Nieto dijo hace dos años y medio que la corrupción en México era casi parte de la idiosincrasia del mexicano, al describirla como un fenómeno “cultural”, enfrentó críticas a diestra y siniestra de quienes vieron en su comentario una especie de excusa para no atacar uno de los temas que más lastima a la sociedad.
Hoy, los múltiples y muy variados casos de conductas inapropiadas que han realizado, ya no sólo funcionarios públicos sino al parecer gente común y corriente, hacen que la descripción del presidente sobre el fenómeno de la corrupción parezca cada vez más atinada.
Claro que eso no quiere decir que el problema no deba combatirse o que deba aceptarse como si fuera una forma de ser del mexicano.
Los casos recientes más emblemáticos de actitudes que parecerían indicar que la ilegalidad es consuetudinaria al mexicano han sido los del periodista de deportes que robó el jersey de Tom Brady, el mariscal de campo del equipo de futbol americano New England Patriots en el Super Bowl, y el plagio de ensayos de dos aspirantes a convertirse en la cabeza del nuevo sistema anticorrupción que se está creando en México para intentar sancionar esas conductas.
Para algunos, ambos comportamientos revalidan, hasta cierto punto, la tesis que esbozó Peña Nieto para explicar el fenómeno de la corrupción en 2014.
“Lo del jersey robado y la copiada en el examen anticorrupción me hacen dudar si Peña tiene razón y esto es cultural”, escribió el periodista Esteban Illades, en su cuenta de Twitter.
Esos casos, junto con los múltiples reportajes que han aparecido recientemente sobre actos de corrupción de los jefes de los gobiernos de los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, entre otros, junto con la decisión de un juez de absolver a un joven quien, para muchos en el país asaltó sexualmente de manera flagrante a una menor de edad, dejan un muy mal sabor de boca y hablan de lo extenso del fenómeno de la corrupción que padece el país, más cuando pocos, al parecer, sufren las consecuencias de haber violado la ley.
Claro que a pesar de todo, la sociedad no esté quedándose de brazos cruzados. Por el contrario, está al menos presionando al gobierno para que endurezca las políticas contra los actos de corrupción y buscando nuevas formas para combatir y erradicar, de ser posible y en el mayor grado posible, el fenómeno.
Muchas organizaciones sociales así si bien coinciden en describir a la corrupción como un fenómeno “cultural”, eso no implica que no deba combatirse. Para muchos, los mexicanos no son corruptos por naturaleza sino que el sistema político y de justicia hace que sean más proclives cuando están aquí, que en otros lugares, a cometer actos indebidos.
Como ejemplo de los esfuerzos de la sociedad por combatir la cultura de la corrupción está la iniciativa ciudadana que desde mediados del año pasado impulsaron diversas organizaciones, entre las que destacan el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana, para intentar obligar a los funcionarios públicos a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de pagos de impuestos y sobre posibles conflictos de interés.
Al final, la propuesta, conocida como Ley 3de3 porque implica hacer públicas esas tres declaraciones, no logró, como buscaban sus proponentes, convertirse en ley, aunque sí logró influir en recientes reformas legales para combatir la corrupción a fin de que algunos servidores públicos, de acuerdo al fallo de un comité formado por autoridades y ciudadanos, tengan que revelar al público esa información y con ella pueda combatirse más fácil el uso indebido de recursos públicos.
Aunque en un principio muchos criticaron la iniciativa por considerarla que servía de poco para combatir la corrupción, ya que sólo era informativa y no vinculante –entre ellos el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador–, la Ley 3de3 poco a poco ha mostrado ser de utilidad para, por lo menos, revelar información hasta ahora desconocida y que ha puesto contra las cuerdas a más de un servidor público.
La semana pasada, por ejemplo, un reportaje de la cadena de televisión estadounidense Univisión reveló que Alejandra Barrales, la presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), posee un departamento valuado en un millón de dólares en Miami, Florida, que no había declarado en su formato 3de3 y que presentó voluntariamente hace un año.
Esa revelación fue un duro golpe para Barrales, quien sí dio a conocer esos detalles en su declaración patrimonial al Senado pero no en su 3de3, lo que dejó la impresión de que la servidora no fue transparente con el manejo de su situación patrimonial ya que la declaración a ese cuerpo legislativo no se hace pública y la otra sí.
“Justo dos meses antes de presentar su 3de3 de manera pública, [Barrales] traspasa este departamento a nombre de una empresa que ya estaba dos empresas a distancia de ella”, dijo Alexandra Zapata, analista de Imco, en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mota en las estaciones de Radio Fórmula. “Si se rentara [el departamento] Alejandra Barrales recibiría esos ingresos”.
Si bien muchos de éstos no son necesariamente casos de corrupción per se, sí dejan la percepción es de que no existe una cultura de la transparencia y de que las mismas obligaciones que se someten de forma voluntaria los servidores públicos simplemente no se respetan siempre en el país.
En este sentido, está también el caso de la nominación que hizo Peña Nieto de Paloma Merodio para ocupar un asiento en la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la dependencia encargada de recabar las cifras económicas y sociales de México.
Para muchas organizaciones, esa propuesta presidencial trasgrede los requisitos que marca la norma mexicana para poder ocupar un asiento en la junta del Inegi ya que Merodio, concluyen, no cumple con el mínimo de cinco años de experiencia laboral en altos niveles de la administración pública que marcan los estatutos del Instituto para ser miembro de su órgano de dirección.
Así, el mismo Peña Nieto, que también se vio involucrado al inicio de su sexenio en un escándalo de conflicto de interés por adquirir una propiedad de una empresa constructora que ganó diversos contratos públicos cuando fue gobernador del Estado de México, parecería no querer cumplir con la ley y ser parte, él mismo, de esa “cultura” de la corrupción que describió hace algunos años.
