Baja California carece de una política pública del agua que organice a los tres órdenes de Gobierno, academia y sociedad, sobre una dirección de cómo se tiene que manejar y cuidar, coincidieron organismos ciudadanos en Tijuana.
Con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, las asociaciones civiles coincidieron en que Baja California carece de una directriz para proteger el líquido.
José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (Ciga), destacó que el Gobierno de la entidad lanzó una ley estatal del Agua, abrogada el 20 de enero, con un discurso de mayor eficiencia y mejor abasto en una región de sequía, pero al mismo tiempo promovió a una empresa como la cervecera Constellation Brands en Mexicali.
«Hemos tenido muchas incongruencias de una secretaría, o un interés de desarrollo económico contra el agua, pareciera que los temas ambientales juegan en contra del tema económico, no se retroalimentan, pero es porque no se alinean», lamentó Zavala.
Indicó que tampoco se dice con claridad si la desaladora de agua de mar de Playas de Rosarito, en la costa con el Océano Pacífico, está pensada como un negocio para exportar.
«Esas cosas han lastimado a la opinión pública, queremos aprovechar que mañana es el Día Mundial del Agua y, además Naciones Unidas ha lanzado una alerta sobre que el tema central sea sobre aguas residuales, para pedir que haya una política clara», subrayó.
Tijuana tiene un 95 por ciento de cobertura de agua potable, más del 90 por ciento se trata para reuso en distintas plantas y con diferente calidad, refirió.
«(Las comisiones estatales que brindan el servicio de agua) resultan como de interés sociopolítico, de ahí salen presidentes municipales y hasta gobernadores, es capital político», subrayó, «eso hace que no estén profesionalizados».
Presentarán iniciativa de ley del agua
Organismos de la sociedad civil conformaron un Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (Coci) y en dos semanas presentarán una iniciativa ciudadana de la Ley del Agua para Baja California.
Carlos Atilano, presidente de Fuerza Ciudadana y representante de Coci, señaló que se busca derogar la ley de la comisión estatal de servicios públicos y el decreto 57 aprobado por el Congreso local en diciembre del 2016, mediante el cual se otorgan en concesión contratos y obras a particulares.
«En contra del espíritu constitucional de proteger y mantener el servicio del agua como un derecho humano», denunció.
«Se prevé la creación de organismos operadores municipales que tendrán a su cargo todo lo relacionado con el agua, drenaje y alcantarillado, lo que permitirá una mayor coordinación».
Entre las organizaciones participantes se encuentran representantes del Colegio de Abogados de Tijuana, Fuerza Ciudadana, Colegio de Ingenieros y Arquitectos, Colegio Médico, Ciudad del Refugio, Salud Pracan, Confederación Nacional de Abogados, Ángeles de la Comunidad, Confederación Nacional de Pepenadores, así como diversos líderes comunitarios.
