La escasa claridad en las órdenes ejecutivas migratorias no sólo ha generado alarma en la comunidad inmigrante sino que la “revisión extrema” que quiere la Administración Trump para el resto de los visitantes extranjeros podría perjudicar al turismo en EEUU, según expertos.
Según encuestas de Gallup, CNN, y CBS, la mayoría de la opinión pública ha expresado preocupación o rechazo de las órdenes ejecutivas, en particular la prohibición del ingreso de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana, pero el presidente Donald Trump desvirtuó hoy los sondeos como “noticias falsas”.
“Lo siento, la gente quiere seguridad fronteriza y revisión extrema” de los inmigrantes, argumentó Trump.
El problema, según expertos consultados hoy por este diario, es que, tal como están escritas, el conjunto de órdenes ejecutivas no solo da más campo de maniobra a los agentes de Inmigración sino que también podría desalentar el lucrativo sector de turismo.
“La vaguedad del presidente Trump sobre su política migratoria demuestra, en parte, la dificultad de convertir su promesa de campaña en una política. Pero la confusión que está creando su política también tiene el potencial de ayudarle, al seguir alimentando a su base”, que “satanizará” a los detractores de las restricciones, explicó Heather Richardson, profesora de Historia de Boston College.
Según Richardson, esa imprecisión también genera críticas ante el principio general de que en EEUU no se discrimina con base a las creencias religiosas, y que “siempre hemos sido una nación de inmigrantes”.
Más poderes para los agentes
Una de las órdenes ejecutivas no establece una lista de prioridades para la deportación –como lo hizo la Administración Obama en noviembre de 2014- por lo que, además de personas con antecedentes criminales, los agentes federales podrían expulsar a cualquier inmigrante indocumentado.
La meta sería, sin duda, una “máquina de deportación” a todo vapor ya que, según un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), los agentes podrían expandir y agilizar las deportaciones sin la intervención de los tribunales.
“Esta orden ejecutiva criminaliza la inmigración, porque cualquiera que haya cometido un delito es prioridad de deportación, incluso entrar ilegalmente a EEUU… deja expuesto a todo el mundo y afecta a los fiscales, porque no tendrán tiempo para procesar” a verdaderos criminales peligrosos, dijo el abogado de Inmigración, José Pertierra.
“La seguridad es un pretexto, un engañabobos; lo que hay es xenofobia y racismo”, advirtió.
Una ley migratoria de 1996 dio luz verde a la llamada “expulsión expedita” (“expedited removal”), con la que agentes de bajo rango pueden agilizar la deportación de inmigrantes indocumentados o que han cometido fraude migratorio. Desde 2004, esa práctica se ha usado contra migrantes arrestados en la frontera, y contra los que son detenidos en una periferia de 100 millas en la zona fronteriza con México y en los primeros 14 días de su cruce ilegal, según el “American Immigration Council”.
Ese acortado proceso ha generado críticas durante años, porque el agente prácticamente tiene “carta blanca” para decidir a quién deportar, y rara vez un inmigrante tiene el derecho de defender su caso ante un juez de Inmigración.
Por órdenes de Trump, los agentes podrían ampliar sus redes de deportación más allá de las 100 millas, pero los activistas temen que, como en otras ocasiones, solicitantes de asilo o refugio también podrían ser víctimas de posibles excesos.
Impacto en el turismo
La orden ejecutiva contra inmigrantes musulmanes del pasado 27 de enero generó titulares debido al caos y protestas en diversos aeropuertos en EEUU, donde incluso residentes legales e inmigrantes con visas en mano fueron detenidos brevemente.
Pero la “revisión extrema” de inmigrantes también ha provocado críticas porque, según el documento, el gobierno tiene que establecer “una norma y un procedimiento estándar” para la revisión de todo el que desee entrar a EEUU, aunque el documento no explica cuál sería esa regla “uniforme”.
Aparte de que el gobierno tendría que destinar más recursos a la aplicación de un estándar “uniforme”, el texto deja abierta la posibilidad de que todo extranjero, sea turista, estudiante, empresario o incluso diplomático, sea sometido a un mismo procedimiento de revisión, sin importar su país de origen o días de estancia.
“El documento es muy vago, y aunque describe los elementos del proceso, es imposible saber cómo serán implementados. Ya tenemos un intenso proceso de revisión de todo inmigrante y no inmigrante…si esto causa demoras e inconveniencias en los viajes, esto podría reducir el número de visitantes en EEUU”, advirtió Sarah Pierce, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés).
El presidente de “US Travel Association”, Roger Dow, afirmó la semana pasada que es “imperativo” encontrar “el equilibrio correcto entre la seguridad y la facilitación” de viajes legítimos, y urgió al gobierno a que realice una cuidadosa revisión que resguarde la seguridad nacional sin afectar a los visitantes internacionales que deseen hacer negocios o turismo.
La industria de turismo es una de las más grandes en EEUU: en 2014, ésta generó $1,47 billón al Producto Interno Bruto (PIB), y se prevé que aporte más de $2,5 billones a la economía para 2025.
La Administración Obama lanzó una campaña para promover el turismo hacia EEUU en 2014, con la idea de fortalecer la creación de empleos. Y la campaña surtió efecto: en 2015, más de 10 millones de extranjeros viajaron a EEUU con visas permanentes o temporales, sin contar a los visitantes de 38 países exentos de visas.
La sección cuatro de la orden ejecutiva en cuestión no detalla excepciones y sólo sugiere entrevistas en persona y la creación de una base de datos de documentos de identidad. Sería, de concretarse, un giro radical a la práctica común de examinar con más rigor a los visitantes que suponen un mayor riesgo para la seguridad nacional.
La preocupación ahora, según Pierce, es que una aplicación amplia y confusa de la orden ejecutiva no sólo podría retirar el rótulo de bienvenida a visitantes, sino que los demás países también podrían responder con represalias.
“No me sorprendería si México tome medidas contra estadounidenses que viven en lujosas casas en San Miguel de Allende o en otros lugares”, observó Pertierra.
Según la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA), la falta de guía y claridad sobre la “norma uniforme” está generando una avalancha de preguntas e incertidumbre en los bufetes de abogados en todo el país.
La Casa Blanca ya tuvo que dar marcha atrás y aclarar que la orden no afecta a residentes permanentes de esos siete países. Pero ni la mansión presidencial, ni el DHS, ni el Departamento de Estado, han explicado la aplicación de la sección cuatro de esta orden ejecutiva.
En la actualidad, también los visitantes entregan sus huellas digitales, fotografías y demás datos biométricos al gobierno, y éstos son cotejados contra distintas bases de datos de criminales y presuntos terroristas, explicó Pierce.
Además, los solicitantes de asilo o refugio ya son sometidos a un extenso proceso de revisión que dura entre 18 y 24 meses e involucra a numerosas agencias federales, por lo que la “revisión extrema” ya es la norma en el país.
