Los planes de Donald Trump de deportar a millones de indocumentados comenzaron a estrellarse contra un muro de rechazo de funcionarios y policías en California, donde viven por lo menos dos millones 670 mil migrantes, la mayoría de ellos mexicanos.
Otros cálculos oficiales y extraoficiales mencionan que en California podrían vivir hasta tres millones de indocumentados, y poco más de la mitad de ellos son mexicanos.
De acuerdo con el Instituto de Política Pública de California, en el estado viven un millón 388 mil 400 indocumentados mexicanos.
La población de indocumentados en California que Trump priorizaría para deportación asciende a unas 300 mil personas, según cálculos extraoficiales: desde quienes deben multas de tránsito hasta quienes cometieron delitos graves.
Pero una ley estatal de California que entró en vigor en 2014, el Acta de la Confianza, prohíbe a las autoridades policiacas colaborar con las de migración.
La responsabilidad de aplicar las leyes de migración corresponde a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza”, declaró la jefa de policía de San Diego, Shelley Zimmerman, al hacer eco a colegas suyos y alcaldes en California.
Desde que Trump ganó la elección, los alcaldes de San Francisco, Sacramento y Los Ángeles, entre otras de las principales ciudades, han declarado que no van a colaborar en sus planes de deportar a indocumentados.
En el caso de San Diego, donde el alcalde Kevin Faulconer es republicano, el funcionario se ha limitado a declarar que “en nuestra frontera y relación con la hermana ciudad de Tijuana ni hay cupo para la retórica”. Pero tanto la jefa de policía como el alguacil se oponen a participar en redadas y búsquedas de indocumentados.
“Nosotros no revisamos la condición migratoria de detenidos ni de testigos”, reiteró Zimmerman; una portavoz del alguacil aclaró que su oficina avisará a oficiales de migración cuándo saldrán de la cárcel del condado los indocumentados, pero no los va a retener a la espera de que lleguen a detenerlos para deportarlos.
En Los Ángeles, donde vive por lo menos un millón de indocumentados, el jefe policiaco Charlie Beck precisó que esa ciudad es desde 1979 “santuario” –donde las autoridades locales no colaboran con las federales de migración—y va a continuar como tal.
En San Francisco, el alcalde Ed Lee también reiteró que su ciudad es santuario, aun cuando Trump advirtió el domingo, en entrevista con la cadena CBS, que retirará fondos a ciudades “santuario”. El alcalde mencionó un balance con los impuestos que pagan los indocumentados.
Su colega de Sacramento, el entrante alcalde Darrell Steinberg, dijo el miércoles que en esa ciudad, donde viven más de 65 mil indocumentados, “queremos dejar muy en claro que nosotros seguiremos siendo una ciudad santuario”, como ha sido desde 1985.
Autoridades de otras ciudades y del estado han establecido gradualmente que California no va a cooperar con los planes de deportación de Trump en enero.
La primera vez que el gobernador Jerry Brown mencionó, entonces a modo de broma, que California levantaría un muro para aislarse de Estados Unidos si Trump gana la Presidencia fue en marzo, al hablar con dirigentes laborales acerca del plan del ahora Presidente electo.
Ahora el muro más que físico es político. En un comunicado conjunto, el gobernador y los dos latinos que están en el Senado y la Cámara de Representantes, Kevin de León y Anthony Rendón, respectivamente, dijeron que mantendrán la política de bienvenida a los inmigrantes.
De León fue todavía más claro: “Es erróneo y profundamente irresponsable sugerir que alrededor de tres millones de indocumentados viviendo en Estados Unidos sean criminales peligrosos, y el amenazar con deportarlos inmediatamente sólo puede exacerbar la angustia y la ira, sin precedentes, que divide actualmente a nuestra comunidad estadunidense”.
Advirtió sobre “una política pública catastrófica de deportación en masa que separará a las familias y debilitará nuestra economía”.
Pero también tuvo este mensaje para los propios indocumentados:
Quiero asegurar a los millones de personas que están aquí buscando y contribuyendo al sueño Californiano, pero que no tienen documentación para su residencia legal, que el estado de California los apoya completamente. Los líderes estatales defenderán sus derechos y agresivamente aprovecharemos todas y cada una de las herramientas a nuestro alcance para prevenir una extralimitación irresponsable por parte de una administración Trump en California”.
