La decisión dividida de la Suprema Corte de Estados Unidos emitida el 30 de julio respecto a la orden ejecutiva del presidente Barack Obama ha causado mucha oposición y malestar entre la comunidad migrante que radica en ese país.
La Suprema Corte “congeló” la orden ejecutiva del presidente Obama que otorga Acción Diferida de Deportación a Padres de ciudadanos y residentes (DAPA) y la extensión a 3 años del programa de Acción Diferida para Jóvenes indocumentados (DACA). Sin embargo, es importante aclarar que el empate de la votación entre los jueces tampoco significa que se hayan pronunciado en contra de esta orden, simplemente quiere decir que no hubo decisión legal sobre el caso.
Al respecto, es fundamental tener en consideración algunos puntos que deben aclararse:
Para fines prácticos, la falta de decisión de la Corte implica que el programa DAPA y la extensión de DACA no podrán ser implementados.
El caso se regresa al 5to Circuito de Apelaciones, el cual deberá deliberar respecto a los méritos de la demanda en sí, la cual solicita la suspensión de los programas de acción diferida anunciados. Se espera que el 5to Circuito decida en contra del gobierno federal.
Aunque no se autorizó la extensión de DACA a tres años, el programa DACA de 2 años sigue vigente.
Sin duda este es un tema controversial y de alto impacto social y político, ya que se calcula que DAPA podría otorgar protección a un número aproximado de 5 millones de padres de ciudadanos o residentes. La negación por parte de la Cámara de Representantes para aprobar o discutir una reforma migratoria, junto con la indecisión de la Suprema Corte para permitir la implementación de DAPA, deja a millones de familias en un limbo legal y social.
En medio de unas elecciones tan polarizadas precisamente por el tema de la migración, esta decisión sin duda elevará el tono y la frustración de las comunidades más afectadas, lo que probablemente se vea reflejado en las elecciones presidenciales. Mientras tanto, el caso se seguirá moviendo en las Cortes, aunque deberá de ser el Congreso el que tendrá que aprobar una reforma migratoria.
