Con el fin de combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno, los Centros Empresariales Coparmex a nivel nacional, en coordinación con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), así como diversos grupos y asociaciones se encuentran promoviendo una iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de3.
En conferencia de prensa, el Presidente de Coparmex Tijuana, Lic. Gustavo Fernández de León, señaló que la iniciativa está integrada por cerca de cien artículos con el fin de que se pueda tipificar claramente cuando un funcionario recae en un acto de corrupción, ya que en la actual ley no existen definiciones claras que permitan castigar a los culpables.
Comentó que se busca integrar definiciones específicas y operativas para establecer 10 conductas que serán consideradas como actos graves de corrupción, que son soborno, peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
Recordó que la corrupción es uno de los principales problemas públicos en México, la cual provoca pérdidas equivalentes a $347 mil millones de pesos al año, además, de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2015 vía Transparencia Internacional, el país se ubica en el lugar 95 de 165 países de los menos a los más corruptos.
Fernández de León detalló que se requieren de 120 mil firmas que serán recopiladas en los 32 estados; una vez conseguido esto, el IMCO estará presentando la iniciativa ciudadana ante el Congreso de la Unión para su discusión y votación, por lo que la Coparmex ha emprendido una campaña a través de sus 65 Centros Empresariales.
Explicó que las rúbricas deberán reunirse y ser presentadas junto con la iniciativa antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, es decir el próximo 30 de abril.
El Presidente de Coparmex Tijuana manifestó que ésta será una de las nuevas leyes que tiene que generarse para dar viabilidad al Sistema Nacional Anticorrupción, el cual debe procesar íntegramente el Congreso antes del 28 de mayo.
“Hemos visto que en Tijuana y Baja California la participación ciudadana es positiva en diversas formas, pero al momento de las elecciones observamos una participación inferior al 30%, por lo que se buscará tratar de hacer una buena combinación para que a través de esta ley se detone un buen ambiente para impulsar la acciones de la gente”, dijo.
“Demandamos que quienes aspiran a cargos de elección popular, se comprometan a hacer el uso de los recursos públicos en beneficio de todos, con transparencia y rendición de cuentas permanente”, subrayó.
Finalmente, Fernández de León expresó que la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado está discutiendo la iniciativa de Ley de Transparencia la cual se espera sea aprobada en próximos días y sea presentada en el Pleno del Congreso, sin embargo ésta deberá entrar en vigor a inicios de mayo por lo que es necesario empujar para hacerlo realidad.
“Se debe modificar la Ley local de Responsabilidad de Servidores Públicos para que los servidores públicos tengan que cumplir con las obligaciones en materia de transparentar sus 3 declaraciones: Patrimonial, fiscal y de intereses”, concluyó.
