La escena ocurre en Tuscaloosa, Alabama, a mediados de 2011. La cámara recoge la vida de la familia Amaro: Ismael y Judith, que inmigraron hacia el año 2000, y sus tres pequeñas hijas, nacidas en Estados Unidos. Él se dedica a lavar piscinas. Ella a cuidar el hogar. Las niñas acuden a la escuela. Los domingos van a la iglesia pero por lo general permanecen en la modesta casa de dos recámaras que Ismael ha construido. La rodea un diminuto jardín (con columpios) donde juegan futbol.

Meses atrás, una noticia terrible había cimbrado sus vidas: el gobernador Robert Bentley firmaba la más severa ley contra los inmigrantes indocumentados de que se tuviera memoria: la HB 56. Entre otras cosas, ordenaba el cateo de escuelas públicas para verificar el estatus migratorio de los estudiantes, el arresto indiscriminado en la vía pública de personas y la criminalización de quien diese un «aventón» a un inmigrante ilegal. Para completar el cuadro de terror, en una entrevista en televisión, el representante republicano Mo Brooks culpaba a los inmigrantes de todos los males del estado: colmaban las salas de emergencia de los hospitales, presionaban a los sistemas educativos y saturaban las cárceles. «Tratándose de los ‘illegal aliens’ -agregó, desafiante- haré todo lo que esté en mis manos… salvo fusilarlos».

Ismael y Judith no tuvieron más remedio que revelar a las niñas la verdad: ambos eran indocumentados. Y les advirtieron: «es probable que su papi o yo no podamos regresar un día». «Su corazón se partió», recuerda Judith. «Me siento triste. No entiendo por qué no nos quieren aquí», dijo la mayor. La pregunta quedó en el aire. Y sigue ahí.

Tiempo después, un incidente provocó el congelamiento de la ley: un policía detuvo a un alto ejecutivo de la Mercedes-Benz que no llevaba consigo sus papeles. La compañía desató un escándalo y amenazó con cerrar la planta. Pero para la comunidad migrante de Alabama, la señal era clara: había que movilizarse para defender sus derechos humanos. Ismael improvisó un estudio de radio por internet y comenzó a trasmitir un programa de orientación a los migrantes llamado Radio-Guarache. «Infórmense, lean, pregunten», les dice a sus escuchas. Por su parte, Judith se vinculó con otras mujeres para organizar reuniones de concientización. El sacerdote (joven americano dulce y caritativo) prometió proteger a su grey, al margen de raza, color o nacionalidad. Y hasta el jefe de la policía del condado (un oficial de color, sensible e inteligente) se comprometió a no perseguir a los migrantes a quienes considera parte integral de la comunidad. Cuando el presidente Obama anunció el «Dream Act», la comunidad sintió alivio y esperanza. «¡Esto es como el día en que llegaron a la luna!», dijo Ismael, que soñaba con poner un negocio de pinturas. Los Amaro y decenas de familias de Tuscaloosa (blancos, negros, mexicanos) marcharon juntos por el puente Selma con pancartas que hermanaban su causa con la de Martin Luther King.

La historia de la familia Amaro es una de las seis que se entreveran en el documental Beyond Borders, producido por Independent Production Fund y Clío. Se trasmitió en 2016 y se trasmite aún en centenares de televisiones por cable en Estados Unidos, incluida PBS (puede verse en www.beyondborders.tv). El esfuerzo llevó varios años. Al concluirlo, sentimos la satisfacción de una misión cumplida. Igual que los Amaro, confiábamos en que episodios como la HB 56 no ocurrirían más y que, si bien la ruta hacia una reforma migratoria iba a ser larga y difícil, los avances eran irreversibles. Nunca imaginamos que el tema cobraría la dramática relevancia que tiene ahora y que, por desgracia, seguirá teniendo en los años por venir.

Con el arribo de Trump, una ley más severa que la de Alabama se ha puesto en vigor a nivel nacional. La impondrá el procurador Jeff Sessions, exsenador por Alabama. Ahora todos los inmigrantes sienten el terror de los Amaro. Y sus hijos temen despertar y no encontrar a sus padres. Los migrantes no tienen la posibilidad de marchar, acaso dejarán de ir a la iglesia o a un partido de futbol por temor a que la «operación militar» en su contra (así la denominó Trump) resulte en su aprehensión y deportación forzada, violenta, inmediata. Ahora no es un gobernador o un representante racista quien «haría todo contra los inmigrantes… salvo fusilarlos». Es el presidente de Estados Unidos. Defender a nuestros compatriotas de este tirano debe ser la primera prioridad.

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