El Senado de Estados Unidos envió una carta al presidente de ese país, Joe Biden, en la que solicitaron que aborde las agresiones de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hacia empresas estadounidenses con inversiones y operaciones en México.
En una carta enviada a la Casa Blanca y firmada por 10 senadores de Estados Unidos, los legisladores se refirieron también a la reciente reforma a la Ley Minera, que establece la propiedad del litio como exclusiva de la nación, así como la creación de una empresa del Estado para su explotación.
La misiva señala que el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, la Alianza para la Aplicación del Comercio, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y la Asociación Nacional de Fabricantes han citado numerosos casos en los que las políticas proteccionistas amenazan la previsibilidad del clima empresarial de México.
“Esto se destaca aún más por la reciente aprobación por parte del Senado de México de un proyecto de ley para nacionalizar la minería y extracción de litio. Bajo esta medida proteccionista, las empresas estatales mexicanas tendrán derechos exclusivos para extraer litio, que es un mineral crítico utilizado en la producción de baterías para automóviles eléctricos y otras tecnologías de próxima generación”, detalla el documento.
Congresistas demócratas y republicanos han planteado en diferentes ocasiones varias preocupaciones en torno a las “desviaciones” del mandatario mexicano, relativas a las normas económicas y legales que rigen las relaciones entre ambos países, así como contra el T-MEC.
“Si se permite que estas violaciones continúen, socavarán la cooperación económica crucial y mutuamente beneficiosa entre nuestras naciones y alentarán a las empresas a buscar mercados más predecibles y adecuados en otros lugares. Por lo tanto, le solicitamos respetuosamente que tome medidas inmediatas con respecto al Gobierno de México para revertir las medidas dañinas que ya ha tomado y para evitar daños mayores a la relación económica entre los Estados Unidos y México”, detalla el documento.
Los congresistas insistieron sobre las agresiones a empresas estadounidenses del sector eléctrico y energético.
También se refirieron a la orden de clausura contra la minera Vulcan Materials Company, aplicada por el gobierno mexicano el pasado 5 de mayo, sin justificación aparente.
Vulcan ha operado una cantera de piedra caliza durante más de 30 años en tres terrenos contiguos en Quintana Roo.
“Esta instalación ha traído inversiones y empleos bien remunerados a la región. Sin embargo, bajo el liderazgo del presidente López Obrador, el gobierno mexicano ha tomado numerosas medidas arbitrarias y punitivas contra Vulcan, lo que ilustra políticas cada vez más proteccionistas y anticompetitivas que ignoran el estado de derecho”, detalla la carta.
En 2018, Vulcan inició procedimientos de arbitraje del TLCAN contra México debido a acciones “arbitrarias y caprichosas” que prohibieron a Vulcan operar en dos de las tres parcelas que posee en Quintana Roo.
“En enero de este año, el presidente López Obrador comenzó a intensificar las hostilidades, interfiriendo directamente con la capacidad de Vulcan para exportar materiales y haciendo numerosas declaraciones públicas abogando porque Vulcan dejara de extraer. El 5 de mayo, el gobierno mexicano presentó a Vulcan con órdenes de cierre para cesar de inmediato todas las operaciones de explotación y extracción en su única parcela minera activa, a pesar de que Vulcan es dueño total de esta propiedad y posee todos los permisos necesarios para operar”, añade.
Los senadores advirtieron que un cierre continuo de las operaciones de Vulcan en México tendrá un impacto directo y negativo en Estados Unidos, ya que la instalación de Vulcan es un componente crítico de la cadena de suministro de agregados para la construcción en el sureste de ese país.
“Esta instalación proporciona agregados para la construcción de proyectos de infraestructura en mercados costeros que no cuentan con la geología necesaria para producir agregados de construcción de calidad localmente”, concluye el documento.
El problema con este tipo de medidas es que no solo ordena el cierre, si no que, tampoco hay ninguna medida de saneamiento al impacto económico y social que tal medida va a provocar!!!!