Celebro que las autoridades finalmente estén combatiendo la corrupción como debe ser: persiguiendo a los presuntos culpables para que sus actos delictivos no queden impunes. Hasta ahora, el gobierno de López Obrador había sido más bla bla bla en el tema de la corrupción que otra cosa. Mucha voluntad de cambio, pero nulas acciones judiciales para mandar el mensaje de que, ahora sí, en México, “el que la hace, la paga”.

Me refiero a la persecución judicial en contra de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, y Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), por la sospechosa compra que hizo la empresa petrolera de una planta chatarra, Agro Nitrogenados, en 2014.

El sexenio pasado era un secreto a voces que algo estaba podrido en dicha adquisición. En un momento en que la plataforma petrolera se estaba cayendo, no tenía sentido alguno que Pemex invirtiera en una fábrica de fertilizantes inoperante y quebrada. Mucho menos seguirle metiendo dinero para rehabilitarla. Sin embargo, Lozoya se empeñó en hacer un mal negocio. ¿Por qué?

Cuando entrevistamos a López Obrador en Tercer Grado, el entonces candidato presidencial mencionó este caso como un ejemplo de posible corrupción. Le comenté que sería bueno que se investigara y procediera judicialmente. México ya no aguantaba el enriquecimiento de sus gobernantes a costa del erario. AMLO se salió por las ramas porque, en ese momento, no quería pelearse con Peña.

El hecho es que, a lo largo de estos seis meses del nuevo gobierno, no se ha perseguido ni detenido judicialmente a ningún funcionario de la administración pasada. Hasta anteayer en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de AHMSA y Lozoya como parte de una investigación por lavado de dinero relacionada con la venta de Agro Nitrogenados.

Aquí vale la pena recuperar la información sobre la también sospechosa relación de Lozoya con la empresa brasileña Odebrecht, dedicaba a sobornar a funcionarios en América Latina, el Caribe y África para conseguir contratos públicos. Los fiscales brasileños comprobaron que de las cuentas de Odebrecht salieron diez millones de dólares para, presuntamente, sobornar a funcionarios mexicanos a cambio de contratos con Pemex.

Los periodistas Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic tuvieron acceso a la investigación brasileña y, según tres testigos de la fiscalía sudamericana, había sido el mismísimo director general de Pemex el que habría recibido los sobornos. Lozoya habría tomado el dinero de Odebrecht en dos tiempos. Primero, durante la campaña presidencial de Peña, cuando se desempeñaba como encargado de las relaciones internacionales: “Cuatro millones 100 mil dólares entre abril y noviembre de 2012” como “una manera de asegurar los favores de quien se había colocado como una figura prominente en la campaña presidencial”. Una vez que Peña ganó la elección y nombró a Lozoya como director de Pemex, Odebrecht habría depositado hasta seis millones de dólares más en cuentas que Lozoya les habría provisto en paraísos fiscales. Coincidentemente, la constructora brasileña “ganó” una de las licitaciones para remodelar la refinería de Tula.

Ahora aparece una nueva triangulación de dinero vía cuentas de Odebrecht relacionadas con la adquisición de Pemex, en enero de 2014, de Agro Nitrogenados por 275 millones de dólares. Según Reforma, en febrero-marzo de ese mismo año, AHMSA habría transferido 3.7 millones de dólares a “Grangemouth Trading Company, una de las 20 firmas que Odebrecht utilizaba para pagar sobornos a funcionarios de distintos países, incluido, presuntamente, Lozoya. AHMSA dijo que estos pagos fueron por la cancelación de un contrato suscrito con esa firma”. Por esas mismas fechas, Grangemounth habría transferido cinco millones de dólares a “Zecapan, empresa que los directivos de Odebrecht aseguran que les fue proporcionada por Lozoya para que le efectuaran pagos por sus servicios”.

Lozoya, a través de su abogado, niega haber recibido pago alguno y ser propietario o tener relación alguna con Zecapan.

El gobierno mexicano por fin ha seguido el dinero y, al parecer, tiene la evidencia para comenzar un proceso judicial en contra de Ancira y Lozoya. El primero fue detenido ayer en España. El segundo ya tiene orden de aprehensión. Por fin las cosas se mueven. Es un primer paso muy positivo por parte de la UIF y la Fiscalía General de la República. Falta recorrer mucho camino y ver en qué termina todo. Ojalá éste no sea el único caso. Que se apunte hacia otros lados y hacia arriba. Que haya un verdadero compromiso con acabar con la corrupción. La única manera de lograrlo es combatiendo la impunidad.

                Twitter: @leozuckermann