Parte de la comunidad académica fue la que en esta ocasión desnudo las turbias intenciones que hubieron detrás de la abrogada Ley del Agua del estado, en la cual se beneficiaba todo, menos el bien común de los bajacalifornianos.

En la mesa de análisis «La Privatización de Bienes Naturales y Acceso al Agua en Baja California» organizada en el Instituto de Investigaciones Culturales (IIC) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) los doctores, Edgar Belmont Cortés, de la Universidad Autónoma de Querétaro; Efraín Niebla Ortíz, de la UABC; y Marisol Pérez Prado, de la Barra Estatal de Abogadas, expusieron una serie de inconsistencias de la desechada ley del agua, pero en unos casos advirtieron que de permanecer la Ley de Asociaciones Público Privadas se corre el riesgo de sufrir las mismas consecuencias que con la otra legislación mencionada.

Belmont Cortés sostuvo que los gobiernos (puso varios ejemplo alrededor del mundo pero fue enfático en que en Baja California sucedió igual) confunden a la población con argumentos de poca eficiencia en el manejo del recurso en cuestión o falta de modernización de infraestructura, para así justificar la intervención de la iniciativa privada.

Puso como ejemplo el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando las autoridades señalaron que se perdía hasta el 33 por ciento de electricidad en su distribución por lo obsoleto de la infraestructura. Lo mismo sucedió en el caso de la Ley del Agua.

Por su parte, Pérez Prado manifestó que las personas que diseñaron esta legislación fueron muy astutas al hacerlo, porque a diferencia de lo que muchas voces aseguraban entre los manifestantes no era una ley que fuera inconstitucional, ya que en su artículo 9 permitía a los municipios absorber su respectivo organismo operador de agua, con lo que el estado no estaba obligando a los ayuntamientos a acatar la medida y con ellos se deslindaba de responsabilidades.

Con este artículo 9 perdía validez cualquier acción de inconstitucionalidad, competencia de los congresos locales, y controversia constitucional, competencia de los municipios, ya que no violaba la Constitución.
Además la abogada advirtió que con la vigencia de la Ley de Asociaciones Público Privadas se está ante una inminente privatización de todos los recursos, no solo del agua, ya que en los proyectos en los que pueden participar son de toda índole, no habiendo impedimento en participar en obras de generación de energía eléctrica o extracción de material pétreo, por ejemplo.