La Ley de Seguridad Interior de México ha generado rechazo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se han unido al repudio.
El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, expresó su “profunda preocupación” por el proyecto legal y pidió que no sea aprobado por el Senado.
“Entre otras consideraciones, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materiade seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”, dijo.
El nuevo proyecto, ya aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, destaca que la aplicación de la ley le corresponderá a las fuerzas estatales y federales, y solo «cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas».
En el caso de la CIDH, organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), enfatizó: «En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos».
En un comunicado, la CIDH recordó que en el 2015 ya constató que la presencia de las Fuerzas Armadas tenía como consecuencia un aumento de las violaciones a los derechos humanos, «incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad».
Para el presidente de México, Enrique Peña Nieto, la propuesta es de “imperiosa necesidad” ante cualquier amenaza que a las fuerzas federales o locales no puedan hacerle frente; en cambio, varias organizaciones consideran que es “una puerta para la militarización del país que viola las garantías de los mexicanos”.
Mientras que la CNDH advierte que la Ley de Seguridad Interior puede vulnerar “libertades básicos” de los mexicanos y lamentó que trascienda, “por mucho, el ámbito estrictamente vinculado a la seguridad de las personas».
De acuerdo con el organismo autónomo, ello genera «el riesgo potencial de que (la ley) pueda aplicarse discrecionalmente a cualquier tipo de actividad humana, en tanto la misma sea calificada de riesgo a la Seguridad Interior, sin que existan parámetros objetivos para ello».
Asimismo, añadió, la aprobación del ordenamiento afectaría el equilibrio entre órganos y poderes del Estado «al conceder al Ejecutivo federal facultades extraordinarias para ordenar, de manera discrecional, la movilización de las Fuerzas Armadas y aplicar condiciones de excepción a la convivencia democrática».
