De acuerdo con el Índice de Progreso Social (IPS), México registró en 2021 el segundo peor año desde que se tiene registro de dicho indicador.

El Índice, elaborado por la organización México Cómo Vamos, es una medición del desempeño social de un país, que es independiente de factores económicos.

Este índice está basado en un rango de indicadores sociales y ambientales que capturan tres dimensiones del progreso social: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades, y toma valores entre 0 y 100, donde 0 es el menor progreso social posible y 100 el máximo progreso social posible.

Este Índice no busca reemplazar indicadores económicos, sino complementarlos. Su propósito principal es evaluar aquellas preguntas que realmente importan en la vida de las personas, como: ¿tengo un hogar que me brinde protección? ¿tengo suficiente para comer? ¿tengo acceso a educación?

Así está México

Según el análisis, en 2021 México alcanzó un puntaje de 63 en el IPS, solamente en el año 2015 se tiene registrada una cifra inferior, aunque los autores no señalan cuál es el puntaje registrado en ese año.

Lo anterior significa retroceso en el progreso social observado en el país en los últimos 6 años.

Curiosamente, este periodo coincide en buena medida con el cúmulo de ajustes y crisis económicas a nivel mundial que se han registrado, además del cambio de modelo económico en el que se encuentra inmerso nuestro país desde hace ya cuatro años.

De acuerdo con el análisis, 24 entidades sufrieron disminuciones en su IPS entre los años 2020 y 2021, mientras que siete presentaron incrementos en su puntaje y el estado de Coahuila no presentó cambios.

En promedio, las entidades con el PIB per cápita más bajo perdieron 3.1 puntos entre los años 2018 y 2021, mientras que aquellas con el PIB más alto perdieron sólo 1.4 puntos.

Entre 2015 y 2018 se observaron avances en el progreso social del país, con un acumulado de 1.9 puntos en dicho periodo, mientras que en los años subsecuentes se observan retrocesos.

La caída acumulada entre 2018 y 2021 en el progreso social es de 1.8 puntos: por lo tanto, la magnitud en el avance del progreso social hasta 2018 es prácticamente la misma que la observada en el retroceso acumulado hasta 2021.

Además, si bien en 2020 y 2021 (años impactados por la pandemia) se observan disminuciones de mayor magnitud en el puntaje de progreso social, desde 2019 (año prepandemia) se observa una disminución de 0.3 puntos en el progreso social.

El progreso social se correlaciona positivamente con la escolaridad promedio, el PIB per cápita (no petrolero), el acceso a atención médica, y la apertura o dinamismo comercial de la entidad —esta última de manera limitada por la infraestructura de cada estado.

¿Qué se necesita para impulsar el IPS?

Los autores del análisis hacen algunas recomendaciones para impulsar este indicador. Destacan las siguientes:

1) Incorporar a más personas a servicios de salud pública e implementar un programa transitorio que evite el aumento de la población en situación de pobreza extrema por la alta inflación.

Es necesario ampliar la población que tiene acceso a atención médica no únicamente de emergencia, sino favoreciendo el cuidado preventivo y robusteciendo el esquema de vacunación tanto de la primera infancia como de la población en general.

2) Atender el aumento más que proporcional en los precios de los alimentos, así como de la persistente y elevada inflación generalizada que enfrentan de manera desigual las entidades de la república.

3) Se recomienda como una posible política pública para evitar que más personas no tengan acceso a los alimentos básicos, un programa social temporal y focalizado que consista en la transferencia mensual del valor de una canasta alimentaria para los 10.8 millones de personas en situación de pobreza extrema identificadas por el CONEVAL en 2020.

4) Impulsar un modelo de desarrollo incluyente, que tenga como pilares el capital humano de calidad y la sustentabilidad medioambiental.

5) Capital humano especializado y energía suficiente y limpia como pilares del progreso social incluyente.

6) Políticas públicas dirigidas a incentivar la formalización del trabajo.

A pesar de los esfuerzos que desde hace décadas se realizan para mejorar la calidad de vida de la población en general, todas las evidencias señalan que el camino por andar todavía es muy largo.

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