México ocupa la posición 66 de 69 países en impunidad, según el Índice Global de Impunidad 2017 (IGI) realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), sólo superado por Filipinas, India y Camerún. La mala calificación de México depende tanto del desempeño como de la infraestructura en el sistema de justicia y seguridad.
La medición se realizó con estadísticas de los sistemas de justicia que los países afiliados a las Naciones Unidas (ONU) entregan a su Oficina contra la Droga y el Delito (ONUDD). De los 193 países miembros de la ONU, 124 no aportan sus registros a la ONUDD. Entre los 69 países restantes, Venezuela es un caso especial para los investigadores del Índice, pues dada la crisis que vive el país los datos que aporta a la ONUDD pueden no reflejar necesariamente la realidad de su sistema de justicia.
El Índice —presentado este lunes por el rector de la UDLAP, Luis Ernerto Derbez, y los académicos responsables de la publicación Juan Antonio Le Clercq y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara— analiza la funcionalidad de los sistemas de justicia, seguridad y protección a los derechos humanos de cada país, y la capacidad estructural o instalada con que cuentan para dar cumplimiento a cada uno.
La pertinencia del IGI es la correlación que existe entre la impunidad y la corrupción, la violencia y la desigualdad. Los países con menor impunidad tienen menores índices de desigualdad, de corrupción, y sus sistemas de impartición de justicia son funcionales. De esta forma, no resulta raro encontrar en el IGI en los niveles más bajos de impunidad a países que tradicionalmente puntean alto en los indicadores globales de desarrollo económico y humano. Bulgaria (2), Suecia (4), Noruega (5), Alemania (9) y Países Bajos (10) se encuentran entre los 10 países con menor impunidad a escala mundial. En este grupo, llama la atención Croacia, que por segunda vez —la primera fue en el IGI 2015— ocupa la primera posición.
En contraste, Filipinas ocupa la última posición, debido a las alarmantes violaciones a los derechos humanos del régimen de Rodrigo Duterte. El informe del IGI indica que en el caso de México, las serias deficiencias en la funcionalidad que presentan sus sistema de seguridad y de justicia tienen como causa que los jueces y ministerios públicos no cuentan con los recursos necesarios para la impartición de justicia, a que los elementos de los cuerpos de seguridad no están capacitados y su remuneración es baja, y al aumento de las violaciones a los derechos humanos de la población.
Una razón más para el alto grado de impunidad en México —y que fue citada tanto los académicos a cargo de la investigación como por el rector Derbez como la causa de mayor importancia— es la alta desigualdad económica. Citó la cifra de un estudio realizado por Oxfam que indica que en México 1% de la población tiene 43% de la riqueza. La correlación desigualdad-impunidad hace que los más vulnerables se vean violentados dos veces: una por la pobreza y otra porque el acceso a la justicia les está negado y se reserva a quienes tienen poder económico. Dicho de otro modo, sólo 1% de la población en México tiene garantizado el acceso a la justicia; el resto evita acercarse a los sistemas de justicia y seguridad por desconfianza y descrédito.
Croacia y México
Sobre esta correlación conviene profundizar en el caso de Croacia y compararlo con el de México. Croacia presenta 36.01 puntos en el IGI, lo que le convierte en la nación con el menor grado de impunidad en el mundo. En el coeficiente de Gini para la desigualdad en los ingresos, y según estadísticas elaboradas por Eurostat en el 2016, Croacia alcanza los 29.7 puntos. El coeficiente de Gini es una medida que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país. El indicador toma valores entre 0 y 100, donde 0 representa la ausencia de desigualdad y 100 la desigualdad máxima.
Croacia alcanzó su independencia en 1995, después de la disolución de Yugoslavia y tras una cruenta guerra con Serbia. Tras el término de la guerra, la comunidad internacional ayudó a la reconstrucción del país. En el 2013, Croacia logró ingresar a la Unión Europea como Estado miembro. La razón del éxito de su sistema de justicia es que la fuerza de policía croata, que se encuentra bajo el control del Ministerio del Interior, en años recientes ha estado bajo una serie de reformas hechas con la asistencia de agencias internacionales, como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Lo que evitó, a juicio de los investigadores del IGI, que el sistema de justicia de Croacia cayera en corrupción e impunidad tras la guerra y la reconstrucción resultante del país fue la asistencia y vigilancia de otros países de sus sistemas de justicia y seguridad.
México, 65 posiciones detrás de Croacia, tiene 69.21 puntos en el Índice de Impunidad. En el coeficiente de Gini, el país registró en el 2016 de acuerdo con cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 46 puntos. En un estudio de la Cepal publicado en el 2017, el coeficiente de Gini de la distribución de los activos totales (físicos y financieros) de las familias fue de 79 puntos. A la enorme desigualdad de los ingresos en el país se suma un deficiente sistema de justicia y seguridad. En México se denuncian sólo 7 de cada 100 delitos; y las cifras entre los delitos denunciados no pueden ser más indignantes: de cada 10 delitos denunciados, sólo uno llega a la conclusión de su proceso.
En Croacia hay 45 jueces por cada 100,000 habitantes. México cuenta con 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Incluso en América Latina ocupa la posición más baja: en la región se promedian 8 jueces por cada 100,000 habitantes. En cuanto a inversión del PIB, las cosas marcan los mismos márgenes bajos. El promedio de inversión del PIB en justicia y seguridad de los países de la OCDE es de 4 puntos. México invierte sólo 1 punto del Producto Interno Bruto.
Asesoría y vigilancia externas
La propuesta de los investigadores que realizaron el IGI es que la inversión nacional en justicia y seguridad se ejerza bien y se someta a fiscalización ciudadana. Recomiendan que se aumente el número de jueces y ministerios públicos, pues actualmente están rebasados. En cuanto a seguridad, señalan que no es necesario contratar más policías, que en ese rubro México está por encima de la media mundial, sino que estén bien capacitados y pagados, al mismo tiempo que se dignifique su actividad. Por lo que toca a la desigualdad, se pronunciaron por que se creen más empleos y se paguen mejores salarios para disminuir la brecha entre los más ricos y los más pobres.
Teniendo presente el caso croata, el rector de la UDLAP se pronunció por que México recurra a la asesoría y vigilancia de organismos internacionales, como ya pasa con Colombia y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), institución que actualmente le brinda asesoría a aquel país para dejar atrás el periodo de conflicto y represión que sufrió debido a las guerrillas.
Luis Ernesto Derbez, que fue secretario de Economía de la administración de Vicente Fox en el periodo 2000-2003, indicó que el gobierno de México debe ver el ejercicio del presupuesto en justicia como una inversión y no como un gasto. Y aportó números para explicar su argumento: 1 punto del PIB de México equivale —dijo— a 200,000 millones de pesos; el costo de la corrupción en el país fue de 10 puntos del PIB en el 2016; si México invirtiera los 3 puntos que le faltan para alcanzar los 4 puntos promedio de inversión en justicia y seguridad para combatir la corrupción, se podría ahorrar los 10 puntos que se van en corrupción. Los datos hablan.
