La fulgurante victoria del candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador divide a los mexicanos entre quienes creen que supondrá un salto adelante de la economía mexicana con más desarrollo social e iniciativa privada y quienes piensan que va a desmontar las reformas estructurales emprendidas por el aún presidente Enrique Peña Nieto y a llevar al país a una crisis financiera. Su discurso rupturista del pasado se ha ablandado en los últimos meses de la campaña. En la noche de la victoria, el pasado domingo, AMLO, como le llaman en México, se esforzó en transmitir un mensaje tranquilizador a los mercados. El suyo será un «gobierno de los pobres», proclamó. Pero abogó por no romper la ortodoxia financiera. Dijo que respetará la autonomía del Banco de México, que no va a nacionalizar ni a expropiar empresas, que mantendrá los compromisos contraídos por el Estado con bancos y empresas y que seguirá la estabilidad fiscal y financiera. Sólo sembró dudas al afirmar que se revisarán todos los contratos con particulares, un claro mensaje, según los observadores, a las multinacionales que han entrado en Pemex, la gran petrolera estatal, parcialmente privatizada por el Gobierno saliente –una legislación que AMLO se ha comprometido a revertir– y a las compañías que participan en la construcción del nuevo aeropuerto de la capital mexicana.
Esta semana, Obrador se ha reunido con los empresarios mexicanos y ha mantenido el mensaje de estabilidad, apuntando algunas líneas de actuación que se irán definiendo durante los meses de transición hasta tomar posesión el próximo 1 de diciembre. El presidente electo quiere seguir negociando el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU y Canadá, responsable directo del 85% de las exportaciones mexicanas. Entre las incógnitas por despejar está saber si derogará la reforma laboral del Gobierno saliente. No habrá, dijo AMLO, una subida de impuestos y el aumento del gasto social se pagará con los ingresos aportados en el combate a la corrupción.
«La mafia del poder»
El Consejo Coordinador Empresarial se mostró conciliador tras su reunión con el presidente virtual y abogó por darle un voto de confianza después de la dura pugna entre un grupo de empresarios y López Obrador en la campaña. Él les llamó «la mafia del poder» y ellos le definían como un peligroso populista que llevaría al país a la ruina. Desde el exterior, influyentes medios estadounidenses han recibido la victoria con cautela y expectación. Ven a Obrador y a su «gobierno de los pobres» con desconfianza. Uno de los hombres fuertes de su gabinete será el empresario de Monterrey Alfonso Romo, encargado de seducir a los empresarios, quien ya ha dicho esta semana que México en su nueva etapa será «un paraíso de los capitales extranjeros».
El FMI prevé que la economía mexicana crezca en 2018 un 2,3%. En los últimos años, el PIB se ha estancado pese a la liberalización de sectores clave de la economía, como el energético, dando así al traste con una perspectiva de crecimiento del 5%. El país se enfrenta a otros desafíos crónicos, como la doble velocidad del norte (más industrial y conectado con EE UU) y el sur, agrario y con menos desarrollo e inversión pública. La debilidad de los salarios, entre los más bajos de América Latina, persiste como otro reto. Recientemente, el Banco de México reconocía el desajuste entre productividad, con un crecimiento del 4%, y los salarios, con una caída para el mismo periodo del 7,5%.
Obrador ha dicho que quiere cambiar esta dinámica. Esta semana ha acordado ya con los empresarios poner en marcha un plan, financiado por el Gobierno, para contratar a millones de jóvenes como aprendices, mediante el cual se becarían con 3.600 pesos mensuales (unos 150 euros) mientas se forman en industrias, talleres y comercios. Esta iniciativa esconde el propósito de apartar a los jóvenes de la delincuencia y reducir la desigualdad. «Becarios sí, sicarios no», dijo en campaña el mandatario.
También ha anunciado que desea aumentar la partida para las pensiones. En este contexto de incertidumbre, las grandes empresas españolas esperan también los primeros pasos de la nueva administración. En la actualidad existen 5.800 compañías españolas en México en diferentes sectores y de todos los tamaños, desde multinacionales como OHL, ACS y BBVA hasta pymes y pequeños negocios. México es el segundo mayor destino de la inversión española en Latinoamérica en 2016, con un «stock» de 37.610 millones de euros, después de Brasil y el cuarto a nivel mundial después de Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil. Además, México es el primer destino de las exportaciones españolas hacia Latinoamérica.
Los expertos españoles han descartado cambios bruscos, confían en el conocimiento del equipo económico de Obrador y en la capacidad del dirigente para mantenerse en el pragmatismo que ha gobernado su campaña y las horas posteriores a la victoria. Por eso el mayor riesgo para los inversores extranjeros viene de la incertidumbre generada por la renegociación de un nuevo TLC con Estados Unidos o de un mal acuerdo que afecte, por ejemplo, al sector financiero. «La no renovación del TLC tendría efectos disruptivos en las cadenas de valor, lo que repercutiría de forma negativa en todas las empresas mexicanas y en el empleo del país», asegura Narciso Casado, de Relaciones Internacionales de la CEOE. El alto nivel de integración económica alcanzado entre estos países (México, EE UU y Canadá) a partir de mediados de los años 90, facilitó la inserción de las compañías mexicanas en las cadenas de valor, y logró atraer la inversión de las multinacionales (entre ellas muchas españolas) en numerosos sectores de la economía, con especial mención a los relacionados con la automoción, la aeronáutica, la electromecánica y la electrónica. «Hoy México es un importante “hub” mundial en automoción y una parte de su comercio exterior es de naturaleza industrial, lo que le ha permitido reducir su dependencia de los ingresos provenientes de la exportación de petróleo», añade Casado.
Empresas españolas
El BBVA obtiene en México el 25% de su beneficio bruto mientras que en el caso del Santander es del 7%. Telefónica posee el 8% de su negocio en México y confía en aumentar su capacidad tras la liberalización del sector de las telecomunicaciones. OHL, Mapfre, Inditex, Siemens Gamesa y compañías hoteleras como Meliá, Riu y Barceló obtienen importantes resultados en el país azteca, así que lo que suceda con la llegada del nuevo Gobierno a partir de diciembre puede repercutir en sus balances. Iberdrola y Naturgy (antigua Gas Natural) son las principales operadoras privadas de energía del país, y en el caso de la primera podría beneficiarse del empuje de las energías renovables. Acciona forma parte del consorcio liderado por las mexicanas ICA y Carso, del magnate mexicano Carlos Slim (que controla FCC), en la construcción de la nueva terminal del aeropuerto de la capital. Este proyecto, con un coste de unos 10.000 millones de euros, puede paralizarse si Andrés Manuel López Obrador deja de apoyarlo, algo que el presidente electo de México aún no ha decidido. Durante la campaña lo criticó duramente porque cree que es un foco de corrupción de las empresas privadas.
