El Concejo Municipal de Los Ángeles, Estados Unidos, votó este miércoles para prohibir la perforación de nuevos pozos de petróleo y gas, así como para eliminar gradualmente los ya existentes en un período de cinco años.
Lo anterior, luego de décadas de quejas de los residentes que han lidiado con problemas de salud por vivir cerca de los sitios de perforación, informó este día la CNBC.
La propuesta de medida fue presentada por los miembros del Concejo, Nury Martinez y Paul Krekorian, en diciembre de 2020 como parte de una iniciativa más amplia del condado de Los Ángeles y del estado de California para establecer una mayor distancia entre la perforación de pozos y las personas, además de alejarse de los combustibles fósiles.
De acuerdo con CNBC, la región incluye uno de los campos petroleros urbanos más grandes del país, con más de 5,000 pozos activos en el condado de Los Ángeles y más de 1,000 pozos activos o inactivos dentro de los límites de la ciudad. Más de medio millón de personas en Los Ángeles viven dentro de un cuarto de milla de pozos activos que liberan contaminantes del aire como benceno, sulfuro de hidrógeno, partículas y formaldehído, y la contaminación afecta de manera desproporcionada a los residentes negros y latinos.
“Hoy estamos reforzando nuestro compromiso con la justicia ambiental”, dijo Martínez durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana.
“Durante demasiado tiempo, la perforación en los vecindarios ha afectado de manera desproporcionada la salud de nuestras comunidades de color de bajos ingresos”, dijo Martínez. “Desde las autopistas hasta las centrales eléctricas, nuestras comunidades de primera línea son las más afectadas por la contaminación y los impactos climáticos”, agregó.
Las investigaciones muestran que las personas que viven cerca de sitios de perforación de petróleo y gas tienen un mayor riesgo de partos prematuros, asma, enfermedades respiratorias y cáncer. Vivir cerca de pozos también está relacionado con una función pulmonar debilitada y sibilancias, según un estudio publicado en la revista Environmental Research.
“Esto no es solo una cuestión de salud pública y seguridad… también es una cuestión de justicia”, dijo Jasmin Vargas, organizadora principal de la organización sin fines de lucro Food & Water Watch, a los miembros del consejo antes de la votación. “Creo que este día ha tardado mucho en llegar”.
La industria del petróleo y el gas se ha opuesto enérgicamente a tales medidas, argumentando que prohibir y eliminar gradualmente el petróleo y el gas aumentará los precios de la gasolina y perjudicará los puestos de trabajo. Los partidarios han instado a que la ciudad se asegure de que los empleos relacionados con los combustibles fósiles sean reemplazados por empleos de energía limpia.
Rock Zierman, director ejecutivo de la Asociación Independiente del Petróleo de California, un grupo de la industria que representa a casi 400 compañías de petróleo y gas, expresó que la medida sería esencialmente “tomar la propiedad de alguien sin compensación, particularmente una que esté debidamente permitida y altamente regulada”.
“Cerrar la producción de energía doméstica no solo deja sin trabajo a los californianos y reduce los impuestos que pagan por los servicios vitales, sino que nos hace más dependientes del petróleo extranjero importado de Arabia Saudita e Irak que se transporta en tanques al abarrotado puerto de Los Ángeles”, escribió Zierman en un correo electrónico a CNBC.
Los Ángeles es la tercera entidad gubernamental del condado en aprobar una prohibición de petróleo y gas.
El año pasado, Culver City aprobó una ordenanza para eliminar gradualmente la extracción de petróleo y gas en su porción del campo petrolífero de Inglewood dentro de cinco años y exigir que todos los pozos se cierren y abandonen en ese período de tiempo. Y la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó el año pasado para prohibir nuevos pozos y eliminar gradualmente los pozos existentes en áreas no incorporadas.
En octubre, California se movió para prohibir los pozos de petróleo ubicados dentro de los 3,200 pies de distancia de las casas, las escuelas y las áreas pobladas después de décadas de quejas por parte de los residentes y grupos activistas. Si se aprueba, la regla no prohibiría los pozos existentes dentro de esas áreas, sino que requeriría nuevos controles de contaminación.
