A pesar de que la Ley Antilavado ya tiene seis años vigente, aún existe desconocimiento por parte de los contribuyentes sobre las consecuencias que implica y que, además, trae efectos más severos para el 2020.

Así lo señaló el Mtro. y L.D. Omar Caballero Ulloa, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC), durante el desayuno catorcenal del organismo que preside el C.P.C. Francisco Gárate Estrada, en el que expuso el tema “¿Qué nos espera para el 2020 en materia de Ley Antilavado?”, junto con la C.P. y Lic. Jeaneth Ayala Jacobsen.

“Lo que nos espera es que la autoridad nos va a revisar. El SAT va a iniciar, seguramente, un programa de auditoria intensa en prevención de lavado de dinero, en todas aquellas empresas que hacen actividades catalogadas como vulnerables, como arrendamientos, préstamos, compra-venta de bienes inmuebles, de vehículos, etc. Me parece que serán las primeras en sufrir auditorias severas”, indicó.

Y es que la ley contempla 16 fracciones de actividades consideradas como vulnerables, ya que son susceptibles de que la delincuencia organizada las utilice para lavar dinero.

Por lo que las empresas deben conocer, en principio, si están dentro de este catálogo, y saber con qué deben cumplir, ya que el lavado de dinero es un fenómeno muy común.

“El objetivo es hacer conciencia y revisarnos cómo estamos, asesorarnos con especialistas y poder autocorregirnos antes de sufrir multas severas”, destacó Omar Caballero.

Por su parte, la C.P. y Lic. Jeaneth Ayala Jacobsen, certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y miembro de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero, subrayó que los siguientes meses son cruciales para que las empresas cumplan con lo que les corresponde y evitar multas millonarias.

“La multa máxima es de 250 millones de pesos, la mínima es de 50 millones, por no haber cumplido los últimos 5 años; la multa mensual mínima es de 800 mil pesos, entonces es importante que la gente se informe y, para ello, se recomienda acudir a un asesor certificado”, precisó.

Finalmente, la asesora resaltó que existe mucha desinformación aunque la norma tiene 6 años de vigencia, por lo que es necesario que los contadores se capaciten y hagan eco sobre estas implicaciones, a fin de proteger al sector empresarial.