¿Diferentes? ¿En serio? Para nada. Usan, como los gobiernos pasados, a las instituciones de la justicia con fines político-electorales.

Lo hizo el presidente Fox en 2005 cuando trató de sacar, a la mala, a López Obrador de la contienda presidencial de 2006. Con un caso armado con alfileres lo desaforaron y luego, cuando se dieron cuenta de que la maniobra no funcionaba, recularon. El caso judicial se archivó.

Lo hizo, con más cuidado y experiencia, el presidente Peña. En 2017, cuando comenzaba la elección de gobernador en el Estado de México, la Procuraduría General de la República (PGR) filtró la información de que estaba investigando por lavado de dinero a la familia de la candidata panista Josefina Vázquez Mota. El golpe mediático fue mortal. Ya nunca pudo levantarse. Meses después los exonerarían. “Usted disculpe”.

Un año después le hicieron lo mismo al candidato presidencial del PAN. La PGR filtró que lo investigaban por acusaciones gravísimas en un momento en que Ricardo Anaya estaba subiendo en las encuestas. El golpe también resultó mortal. Meses después lo exonerarían. “Usted disculpe”.

Ahora, con el presidente López Obrador, la nueva Fiscalía General de la República (FGR), a menos de un mes de las elecciones, informa de supuestas investigaciones en contra de los dos candidatos punteros en las encuestas de la gubernatura de Nuevo León: Samuel García, de Movimiento Ciudadano, y Adrián de la Garza, del PRI. Al primero lo acusan, junto con su familia, de recursos de procedencia ilícita para fines electorales. Al segundo, de compra del voto.

No sabemos qué pruebas existen y cómo se van a procesar jurídicamente estos delitos. Por lo pronto, la intención es manchar la imagen de los dos candidatos punteros.

¿Funcionará?

Funcionó en el caso de Vázquez Mota y Anaya en el pasado. No con AMLO. A éste, por el contrario, lo acabó fortaleciendo, aunque luego, por sus errores, perdiera la elección de 2006 por un pelito.

Insisto en que no sé —y creo que nadie lo sabe— cuál será el desenlace jurídico de estas supuestas investigaciones de la FGR. Pero intuyo que este asunto fortalecerá a García y a De la Garza. La sociedad nuevoleonesa es muy celosa de la soberanía de su estado. Esto lo percibirán como un intento burdo del gobierno central de intervenir en sus elecciones. La desesperación de un Presidente que hace todo para apuntalar a la candidata de Morena, Clara Luz Flores, que se cayó del primer al tercer lugar en cuestión de días por mentirosa (su vínculo con Keith Raniere) e intolerante (su demanda en contra de unos comediantes que la parodiaron). Hay la idea, incluso, de que AMLO pretende que las autoridades electorales anulen las elecciones, de tal suerte que Morena tenga una segunda oportunidad de ganar el estado.

Por error, la senadora de Morena, María Merced González, reveló que al Presidente “le interesa mucho” la elección en Nuevo León. Es lógico. Estamos hablando de uno de los estados con mayor población y poder económico del país. Pero hay algo más. Ganar en Nuevo León representaría una victoria cultural para la llamada “Cuarta Transformación”. Es un estado orgulloso de su soberanía y muy alejado ideológicamente de Morena. Sería un triunfo de dimensiones épicas que Nuevo León cayera en la buchaca lopezobradorista. Ni qué decir de cómo quedaría el poderosísimo Grupo de los Diez empresarios regios, quienes nunca se han plegado, como otros, a los dictados de Palacio Nacional.

Un último punto. Es pública y notoria la animadversión de AMLO a las llamadas “tarjetas rosas” que está repartiendo el candidato De la Garza, del PRI. Se trata de una vieja maniobra que se ha utilizado en el pasado. Uno de ellos, Alfredo del Mazo, es el actual gobernador del Estado de México. Distribuyen tarjetas con la promesa de que, si ganan, depositarán dinero de un nuevo programa social para cierta población, por ejemplo, las amas de casa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado estos instrumentos como legales, ya que no implican un intercambio directo de dinero a cambio del voto, sino una promesa de que habrá una política social del gobierno.

Yo siempre he tenido dudas. El asunto sí huele a compra de voto. Pero para las autoridades electorales es legal. Lo que parece encolerizar a AMLO es la pérdida del monopolio del clientelismo electoral. Él sí puede repartir a diestra y siniestra sus “tarjetas del bienestar” con operadores políticos denominados como “Servidores de la Nación”. Pero ay de aquel que se atreva a imitarlo.

           Twitter: @leozuckermann