El 13 de mayo de 1846, el Congreso de los Estados Unidos aprobó por una amplísima mayoría declarar la guerra a México. La decisión llegaba tras las crecientes tensiones entre ambas naciones a cuenta de la anexión de Texas por parte de los Estados Unidos en 1845.

Texas empezó siendo una tierra desolada que unos 30 000 inmigrantes estadounidenses ocuparon. Temeroso de que el creciente número de población americana de la zona pudiera suponer un riesgo para México, su presidente, Antonio López de Santa Anna, decidió cerrar la frontera a nuevos movimientos migratorios. Además, impuso a los tejanos medidas restrictivas contrarias a la constitución mexicana.

En 1836, Santa Anna adoptó una nueva constitución eliminando todos los vestigios de los derechos de los estados. Como respuesta, Texas se declaró una república independiente. El presidente mexicano reunió rápidamente un ejército para acabar con la revuelta. Tuvo un éxito inicial, cuando atrapó una pequeña guarnición de Texas en el Álamo y la eliminó totalmente, pero fue derrotado y capturado por las fuerzas tejanas en abril de 1836. Aunque México no hizo más esfuerzos para reconquistar Texas, se negó a reconocer su independencia.

Mientras tanto, la doctrina del Destino Manifiesto no hacía más que extenderse a nivel sociopolítico en EE.UU. Esta creencia defendía que los Estados Unidos era una nación destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. En 1845 EE.UU. se anexionó la República de Texas y México rompió las relaciones diplomáticas entre ellos.

Aunque los Estados Unidos afirmaban que la frontera sur de Texas era el Río Grande (Río Bravo del Norte), la frontera siempre había sido el Río Nueces. Poco después de su elección en marzo de 1845, el presidente de los Estados Unidos, James K. Polk, trató de asegurar un acuerdo sobre la frontera del Río Grande y de comprar California, pero el gobierno mexicano se negó a discutir ninguno de los dos asuntos. Polk ordenó a las tropas estadounidenses que ocuparan el territorio en disputa entre los ríos. Cuando las patrullas mexicanas y estadounidenses se enfrentaron en abril de 1846, Polk afirmó que se había derramado sangre americana en suelo americano, un escándalo que, según él, requería una acción. Políticos menos belicosos, como el congresista de Illinois y futuro presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, presentaron resoluciones en las que pedían a Polk que señalara el lugar exacto de este ultraje. La mayoría del congreso de Polk declaró formalmente la guerra a México en abril.

Sin mayores dificultades, las tropas estadounidenses capturaron Nuevo México y la Alta California. El general Zachary Taylor condujo a las fuerzas estadounidenses a rápidas victorias en el noreste de México. En esa coyuntura, el gobierno del presidente mexicano Mariano Paredes y Arrillaga fue derrocado y Santa Anna volvió a la presidencia en septiembre de 1846. Casi inmediatamente, el presidente movilizó las fuerzas mexicanas y marchó hacia el norte, jactándose de que el número superior y el coraje de sus hombres significaba que firmaría un tratado de paz en Washington. Aunque Taylor y Santa Anna libraron una reñida batalla en Buena Vista, Santa Anna fue derrotado y obligado a retirarse el 23 de febrero de 1847. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas.

Un cambio en la estrategia de los Estados Unidos dejó a Taylor en el norte de México; se decidió que México sólo podía ser vencido capturando la Ciudad de México, vía Veracruz. El general Winfield Scott recibió el mando de la expedición. El 18 de abril de 1847, derrotó a Santa Anna en la batalla de Cerro Gordo. Aunque la resistencia mexicana siguió siendo formidable, Scott capturó la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1847. Santa Anna se exilió voluntariamente mientras un nuevo gobierno mexicano negociaba la paz.

El 2 de febrero de 1848, el Tratado de Guadalupe Hidalgo terminó formalmente con la hostilidad entre los dos países. En él, México renunció a Texas y cedió todo el territorio que ahora ocupan los estados estadounidenses de Utah, Nevada y California; la mayor parte de Nuevo México y Arizona; y partes de Oklahoma, Colorado y Wyoming. EE.UU. pagó a México 15 000 000 de dólares y asumió 3 250 000 de dólares en demandas de ciudadanos estadounidenses contra México.

A los mexicanos que se encontraron, de repente, residiendo en un Estados Unidos ampliado se les dio la opción de regresar a México o de convertirse en ciudadanos estadounidenses. Sobre el papel se les garantizó que sus derechos de propiedad serían respetados inviolablemente, la realidad fue bien distinta para muchos, pues empezaron a ser tratados como ciudadanos de segunda.

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