Tras la publicación de la Ley de Extinción de Dominio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las críticas no se han hecho esperar por parte de empresarios, abogados y políticos quienes acusan que viola derechos humanos.La ley contempla que el Estado podrá decomisar bienes, cuentas y activos relacionadas a ilícitos como el robo de hidrocarburos, la trata de personas, el secuestro, el crimen organizado, la corrupción por parte de servidores públicos y el crimen organizado.

Con su entrada en vigor, cada vez que el gobierno decomise una propiedad podrá venderla para obtener un beneficio económico a cambio que deberá ser utilizado exclusivamente para financiar programas sociales.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) –que ya se había manifestado en contra desde la aprobación de la reforma en el Congreso– criticó este lunes en su comunicado semanal que la pretensión de clasificar como crimen organizado la evasión fiscal, podrá derivar en que contribuyentes que, «sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y sentenciados penalmente (…) (y debido) a la recién aprobada Ley Federal de Extensión de Dominio, se podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática».

A su vez, el empresario Claudio X. González, expresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), dijo en entrevista con medios que lo preocupante de esta ley es que pueda utilizarse en contra de personas que realizan transacciones legítimas y la incluyó entre las leyes y acciones que inhiben la inversión.

El senador del PAN Marcelo Torres Coufiño afirmó que su partido impulsará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

«Aparentemente era una buena propuesta. La idea, la intención, es correcta, sin embargo, esta nueva ley, no me queda ninguna duda, lo que viola es la presunción de inocencia y el debido proceso», dijo el exlíder nacional panista.

El exprocurador General de la República Ignacio Morales Lechuga coincidió en que la ley es un «enorme riesgo para el derecho de la propiedad».

«La extinción de dominio se da sin pago de indemnización de ningún tipo; está peor que la expropiación», consideró en entrevista conEnfoque Noticias.

En tanto, el empresario Manuel Díaz destacó que esta ley mantiene dos problemas que violan la constitución en materia de presunción de inocencia y derecho a la propiedad privada.

Por ello, cuestionó cuál era la prisa por promover esta ley y a qué intereses sirve.

Miguel Alfonso Meza, miembro del área de litigio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, calificó a esta ley como «aberrante» y consideró que viola el derecho a la propiedad, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la buena fe (presunción de inocencia) y la división de poderes.

¿Te imaginas perder tu casa por un delito por el que ni siquiera te han acusado?, señaló.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, explicó que la ley podría ser impugnada vía un juicio de amparo; una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional desde el legislativo, ya que invade sus competencias (aprobación del gasto).

A su vez, el senador panista Damián Zepeda sostuvo que aunque la medida es buena, Morena se excedió e hizo un llamado a rectificar este ley.