No es ninguna sorpresa, todo mundo lo dijo: la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco acarrearía altos costos económicos. López Obrador tomó esta decisión sabiéndolo, pero le pareció que el precio valía la pena para enviar el mensaje de que, en su gobierno, el poder político estaría por encima del poder económico. Este sábado finalmente tomó posesión como Presidente y tuvo ya que empezar a ejecutar tan delicada decisión. El daño está hecho, habrá altos costos; sin embargo, el primer capítulo, de la que será una larga historia, parece bien diseñado para minimizar los costos con los tenedores de bonos.

El domingo, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) decidió continuar con la obra del NAIM en Texcoco. Haberla cancelado hubiese generado los argumentos legales para comenzar una serie de demandas en Nueva York de los tenedores de los seis mil millones de dólares de bonos que se colocaron en ese mercado para financiar el NAIM.

Se corrían dos riesgos: que se aplicara la cláusula de pago anticipado por la cancelación del proyecto y/o la percepción de una posible mora (default) de los bonos por la desaparición de la obra que generaría los flujos de efectivo para pagar el capital e intereses del instrumento financiero. Todo esto elevaría el riesgo de los bonos soberanos mexicanos y cuasi soberanos de otras entidades como Pemex y la CFE. El costo financiero para el nuevo gobierno sería altísimo en vísperas de presentar el Presupuesto 2019.

Así que, para evitar este problema, el gobierno de AMLO seguirá temporalmente construyendo el NAIM de Texcoco. Al mismo tiempo, el Fideicomiso del GACM lanzó una oferta para recomprar hasta mil 800 millones de dólares, de los seis mil colocados, en un esquema bien pensado. Con una subasta en reversa, se le ofrecerán a los tenedores de los bonos recuperar entre un 90 y 100% del capital que invirtieron, aceptando una modificación contractual de lo originalmente firmado.

El resto de los inversionistas podrán aceptar, sin vender, dicha modificación y quedarse con los bonos cuyo ingreso estaría asegurado por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) de los usuarios del actual aeropuerto Benito Juárez. Otros, sin embargo, tendrán el derecho de demandar al GACM por incumplimiento, incurriendo en costos legales y esperando que las cortes neoyorquinas emitan una sentencia a su favor.

Está por verse cuántos de los inversionistas se acogen a esta oferta bien pensada por parte del nuevo gobierno de AMLO. Para muchos no sería mal negocio salirse de este bono a precio par (100) e incluso con un descuento del 10% (a 90 centavos por dólar). Si es así, el gobierno minimizaría el costo de cancelar el NAIM con los tenedores de bonos.

Sin embargo, el daño ya está hecho. Muchos inversionistas estaban muy cómodos con la idea de mantener sus bonos a diez o treinta años, cobrar sus cupones, y esperarse al vencimiento para recuperar su capital. Ahora existe la percepción de que el gobierno de México les cambió la jugada. Eso nunca gusta, por más que se recupere todo o algo de lo perdido.

A la vuelta de la esquina, cuando México coloque más bonos soberanos o cuasi soberanos, los inversionistas se acordarán de lo ocurrido con los bonos del NAIM, naturalmente pensarán que hay un mayor riesgo de invertir en nuestro país y, por tanto, demandarán un mayor rendimiento por comprar estos instrumentos. Esto tendrá un efecto negativo —ya lo está teniendo— sobre todos aquellos mexicanos que colocan bonos en los mercados internacionales, comenzando con el ente más endeudado de México, el gobierno federal. Todos deberán pagar tasas de interés más altas.

En suma, el primer capítulo de esta larga historia parece positivo para el gobierno mexicano. Han presentado una propuesta bien pensada y sensata.

El segundo capítulo será ver cómo reaccionan los tenedores de bonos frente a esta oferta. ¿Cuántos aceptarán y a qué precio estarán dispuestos a vender? ¿Qué hará el resto de los tenedores a los que no les compren los bonos? ¿Consentirán modificar el contrato original? ¿Cuántos preferirán irse a un pleito legal? Todo eso lo sabremos el 17 de diciembre, máximo el 2 de enero próximo. Siguiente en la lista: ¿qué hacer con los 30 mil millones de pesos de los Certificados Bursátiles de la Fibra E colocados también con el propósito de financiar al NAIM y con los contratistas que siguen construyendo este proyecto? Por más bueno que sea el primer paso, esto apenas comienza.

                Twitter: @leozuckermann