Con motivo del reciente desalojo del campamento de migrantes en la garita de Tijuana “El Chaparral”, por parte de las autoridades, el Dr. Eduardo Torre Cantalapiedra, investigador del Dpto. de Estudios de Población de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), señala que el campamento también implicó una cierta agencia propia de los migrantes, tanto para fines políticos como para dinámicas migratorias. A través de numerosas tomas del espacio público, manifestaron sus intereses colectivamente, resistiendo incluso a las autoridades y su represión y hostigamiento constantes.

De manera completamente insospechada, apunta el académico, los migrantes, a través de la lucha y manifestación por su derecho al asilo político, consiguieron gran parte de sus objetivos. La excepción al título 42, de Estados Unidos, dio a muchos de los migrantes la posibilidad de concretar su asilo y obtener el paso hacia el otro lado del muro fronterizo. A pesar de ello, mientras los migrantes que lo lograban iban dejando el campamento, otros iban llegando y llenando los espacios vacíos.

Debido a esa sobrepoblación, comenta el doctor que, en dicho campamento fue vital el apoyo de organizaciones civiles y religiosas en la subsistencia alimentaria, económica, médica y legal, además de psicosocial de las caravanas. A través de ropa, calzado, medicamentos, y otros enseres, se procuró el bienestar de estas comunidades. Ciudadanos de forma personal, también entregaron apoyo. Los esquemas aplicados por las organizaciones civiles siguieron múltiples metodologías, la mayoría de ellas bastante novedosas, debido a la urgencia de tratar con poblaciones en contextos de vulnerabilidad y extrema complejidad política y diplomática.

Del lado gubernamental, señala el académico, las cosas no han sido tan eficientes. Entre un gobierno estadounidense reacio a respetar los derechos migrantes, capaz de dar asilo pero solo en condiciones de inestabilidad, creando un ambiente de confusión generalizada en el campamento, y un gobierno mexicano que ha realizado pocas acciones; las poblaciones migrantes se encuentran en terreno de nulas garantías individuales y sociales.

Esta incapacidad por parte de los estados, generó tráfico de solicitudes y exigencias de asistencia dentro del campamento, mermando aún más el funcionamiento de estas comunidades tanto en sus planos cotidianos como institucionales. El problema, finaliza el investigador, no solo debe ser estudiado desde el plano académico-investigativo, sino también desde la articulación de propuestas de políticas públicas.

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