El fiscal general, Jeff Sessions, y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, visitarán a finales de esta semana la frontera con México, informó a Efe un portavoz del Departamento de Justicia.

Según esta fuente, Sessions y Kelly tienen previsto visitar, por el momento, San Diego (California) y El Paso (Texas), ciudades que son fronterizas con las mexicanas de Tijuana (Baja California) y Ciudad Juárez (Chihuahua), respectivamente.

Esta es la primera vez que Sessions y Kelly, los dos miembros del Gobierno con mayores competencias en política migratoria, viajan juntos a la frontera con México, aunque ya han efectuado visitas por separado.

De hecho, Sessions visitó la semana pasada Nogales (Arizona) y anunció una nueva directiva que exige a las autoridades detener y procesar como criminal a cualquier inmigrante que trate de volver a entrar a EEUU tras haber sido deportado y también a los «coyotes» (traficantes de personas) que ayuden a los inmigrantes a cruzar.

Kelly, un general retirado que conoce bien el continente americano, también ha visitado en varias ocasiones la frontera con México y llegó a viajar en febrero a Guatemala y México para reunirse con el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, y el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto.

El propio Kelly explicó hoy ante los alumnos de la Universidad George Washington que uno de los objetivos principales del Gobierno es reforzar las fronteras y hacer cumplir las leyes migratorias con el fin de evitar la entrada de los carteles del narcotráfico.

«Desde la primera semana del Gobierno del presidente Donald Trump, hemos trabajado activamente para reforzar nuestras fronteras y hacer cumplir nuestras leyes migratorias. Este es no solo nuestro derecho como nación soberana, sino también nuestra responsabilidad para asegurar la seguridad de los estadounidenses», dijo.

En esa intervención, Kelly contestó a las críticas de algunos miembros del Congreso, que se han mostrado reticentes con la política de «mano dura» de Trump y les dijo que deberían ponerse manos a la obra para cambiar las leyes migratorias o «callarse» para dejar a los agentes hacer su trabajo.

«Deberían tener el coraje y la capacidad para cambiar las leyes, de lo contrario deberían callarse y apoyar a los hombres y mujeres que están en primera línea», dijo Kelly.

Desde que Trump tomó posesión el pasado 20 de enero, más de 21.000 inmigrantes con antecedentes penales o indocumentados han sido detenidos en Estados Unidos, lo que supone un incremento significativo con respecto a las 16.000 personas arrestadas en el mismo periodo del año pasado.

Una cuarta parte de esos inmigrantes vivían de manera irregular en Estados Unidos y no tenían antecedentes penales, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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