El 7 de junio, México se despertará con incógnitas. Así es en las democracias reales. Competencias reales y cerradas obligan a esperar. Sin embargo, también ya existen algunas certezas: esto no será para Morena un día de campo. La pregunta que asalta es cómo lo van a digerir el Presidente y sus leales.

La mayor prueba para México es precisamente esa, aceptarán los resultados que sean evidentes e impugnarán sólo aquello que proceda o, ante las derrotas inesperadas, radicalizarán sus posiciones y de nuevo cuestionarán al árbitro. La verdadera confrontación del 2021 es entre dos Méxicos, uno que defiende la legalidad y ha aquilatado el valor profundo del imperio de la ley y otro que, en los últimos años, ha desfilado orondo, desafiando a las instituciones, proclamando que, entre la ley y la justicia, se debe optar por la segunda. “Al diablo con sus instituciones”, yo, nosotros, somos los intérpretes últimos sobre quién tiene la razón. Nos importa un bledo lo que diga la Constitución, si consideramos que Zaldívar debe quedarse, se queda. Para nosotros la reforma energética es un acto de traición, por eso mandamos al demonio contratos con empresas y también la normatividad que el propio país se dio. Si las organizaciones de la sociedad civil nos estorban, vamos contra ellas, bombardeándolas de auditorías, aunque no encontremos nada, que sepan quién manda. Si no estamos de acuerdo con las posturas del gobernador del Banco de México, con grosería anunciamos su sustitución al vencimiento de su plazo. Los senadores o la Comisión permanente —que son las instancias que por ley procesan la postulación— no son siquiera mencionadas. Será nuevo, sin tomar en cuenta a los subgobernadores y subgobernadoras. No importa que la señal sea terrible para los mercados. Para que sepan, estos son nuestros favoritos.

Como no nos gustaba el aeropuerto impulsado por Peña, enterramos 300 mmd. Como queríamos una Guardia Nacional militar, desoímos todo tipo de opiniones.

Si queremos remover a un gobernador opositor lo acusamos de narco, se nos cae, y lo que nos queda son seis millones de posible defraudación fiscal —el fondo es que se nos puso rejego—, entonces le echamos a nuestros diputados, los enfrentamos con el Congreso local. La Fiscalía nos sigue el juego, un ministro da su opinión, tiene fuero. Nos lo brincamos. El Congreso tamaulipeco presenta una controversia, un lío. Traemos a Palacio a ministros en día de Pleno, para explicarles algunas cosas y así. Dos años y medio de mofas a la ley, de insinuaciones sobre reelección, de intentonas fallidas de modificación de nuestras formas democráticas como la prolongación de la presidencia de la Corte, de insultos y amenazas a los órganos electorales y una larga lista de atropellos y caprichos, crean el ambiente para que suceda algo increíble: el secretario de Marina, frente al Presidente, habla de “enemigos” dentro del Judicial. Las tensiones entre las FFAA y ciertas decisiones judiciales no son nuevas. Llevamos años hablando de ellas y de cómo solucionarlas. Lo que sí es nuevo es la osadía del funcionario. Además, como dice Diego Fernández de Cevallos, “el concepto ‘enemigo’, en lo militar, no equivale al ‘adversario político’ con el que se puede convenir, sino a quien se debe someter o eliminar…”.

Esto es el fondo de lo que se decidirá el 6 de junio: ratificar un claro y acelerado retorno al autoritarismo, a la concentración de poder, al caudillismo o seguir construyendo nuestro Estado de derecho, nuestra siempre perfectible democracia. No se trata de decidir entre derecha o izquierda, tampoco de una batalla entre simpatizantes y detractores de AMLO. Lo que está en juego es si aprobamos que cada quien se invente su justicia, sus motivos para violentar la ley, sus venganzas, sus enemigos, atropellando cínica y ostentosamente las reglas electorales, engañando con falsas consultas a la opinión pública, insultando e injuriando a quien se les antoje. La disyuntiva es ética.