Los senadores Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, y Dick Durbin, demócrata por Illinois, han convocado una rueda de prensa para mañana jueves para difundir una nueva versión del “Dream Act” para legalizar a un grupo selecto de jóvenes indocumentados, conocidos como “Dreamers”.

Preguntado hoy al respecto, Marc Short, director de asuntos legislativos de la Casa Blanca, dijo a la prensa que lo más probable es que Trump rechace la medida bipartidista, fiel a la postura que mantuvo durante la contienda.

La primera vez que el “Dream Act” se debatió fue en 2001, y fue derrotado en su último intento en 2010.

Más adelante, en declaraciones hoy a este diario, un funcionario de la Casa Blanca, que insistió en el anonimato, hizo tres puntos adicionales para explicar por qué Trump se opondría al nuevo esfuerzo bipartidista.

Enfoque en medidas policiales

Trump hizo campaña con el lema de hacer cumplir las leyes migratorias mediante medidas policiales, “y allí es donde está su enfoque… el presidente está profundamente comprometido con mejorar la seguridad, los salarios y las posibilidades de empleo de los trabajadores estadounidenses”, precisó la fuente.

Además, la Casa Blanca está trabajando con líderes del Congreso, incluyendo al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Bob Goodlatte, en una serie de medidas policiales, y con los senadores republicanos Tom Cotton, de Arkansas, y David Perdue, de Georgia, “sobre reformas al sistema de inmigración legal con base al mérito”, confirmó.

Esa medida, también vilipendiada por grupos pro-inmigrantes en todo el país, reduciría por la mitad la inmigración legal en EEUU, de un millón en la actualidad a 500,000 en la próxima década.

“El presidente ha hablado en numerosas ocasiones sobre sus puntos de vista sobre el asunto de DACA, de forma más reciente durante su viaje a Francia”, señaló el funcionario.

Se refirió a las declaraciones que hizo Trump respecto a que él tomará la decisión final sobre el futuro del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, que ha dado cobijo a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados.

Trump dijo entender bien la situación de los “Dreamers” pero no precisó cuál sería su decisión en el supuesto de que Texas y otros nueve estados bajo control republicano decidan impugnar “DACA” si su gobierno no lo cancela para el próximo 5 de septiembre.

Durante la contienda de 2016, Trump prometió deportar a todos los once millones de inmigrantes indocumentados y eliminar DACA, pero tras su ascenso al poder, suavizó su postura respecto a los “Dreamers”, al grado que su gobierno ha permitido continuar la emisión de permisos bajo el programa.

Un salvavidas para “Dreamers”

Ante el posible peligro que afrontan los “Dreamers”, Durbin y Graham prevén presentar mañana mismo durante una rueda de prensa el “Dream Act de 2017”, para permitir la legalización de los jóvenes amparados al programa.

Según un comunicado de la oficina de Durbin, la medida bipartidista es un guiño a los “Dreamers” que llegaron de forma ilegal a EEUU cuando eran niños pero son leales en todo sentido a EEUU.

“Son estadounidenses en todo menos en su estatus migratorio. Bajo la ley actual, viven con temor a la deportación y no pueden alcanzar su potencial pleno o usar sus talentos al servicio de sus comunidades, ciudades, y la nación que llaman hogar”, dijo Durbin.

La legislación en ciernes ofrece la legalización y una vía hacia la ciudadanía para jóvenes que:

  • Llegaron de niños a EEUU y llevan mucho tiempo en el país
  • Son graduados de secundaria, o han obtenido su equivalente (GED)
  • Cursan estudios universitarios, han trabajado legalmente por al menos tres años, o han prestado servicio en las Fuerzas Armadas
  • Se someten a revisión de antecedentes penales y pagan una cuota “razonable” para solicitar la legalización
  • Demuestran dominio del idioma inglés y conocimiento de historia de EEUU, y
  • No han cometido un delito grave u otros delitos serios, y no representan una amenaza para EEUU

La semana pasada, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo a los legisladores latinos de la Cámara Baja que , según abogados con los que se ha reunido, DACA puede ser impugnado en los tribunales, y que el futuro del programa estaría en manos del secretario de Justicia, Jeff Sessions.

En su antiguo cargo como senador republicano de Alabama, Sessions se opuso al programa por considerarlo un exceso del poder ejecutivo de la Administración Obama.

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