El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, amagó con realizar una reforma constitucional para cambiar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE)

López Obrador aseveró que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional el decreto que reforma la LIE buscará una reforma constitucional.

En conferencia matutina, el presidente reiteró que ante un eventual freno en el Poder Judicial a la nueva ley eléctrica; mediante amparos, presentará una iniciativa de reforma constitucional.

“Yo estoy seguro que no es inconstitucional, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros de que es inconstitucional y que no puede proceder; enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución porque yo no puedo ser cómplice del robo, del atraco”, sostuvo.

Reconoció que para un cambio de esa naturaleza se requiere el apoyo de una mayoría calificada en el Congreso; pero confió en que la composición de la próxima legislatura no sea impedimento.

Este martes, el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa especializado en competencia económica; concedió dos suspensiones provisionales contra la ley de Reforma Energética.

La propuesta del Gobierno Federal ya había recibido un revés el jueves cuando el juez Juan Pablo Gómez Fierro; titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, ordenó la suspensión provisional de la iniciativa tras el amparo presentado por una empresa.

Ante esta adversidad, López Obrador consideró la situación como una oportunidad para transparentar todo lo relacionado con la política de privatización.

“Durante el periodo neoliberal se les dio preferencia a las empresas particulares para generar energía eléctrica; darle preferencia al mismo tiempo a particulares y cobrar más a las familias a los consumidores domésticos”, acotó.

La iniciativa a la Ley de la Industria Eléctrica, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo; posibilita a la CFE el despacho de su energía, en perjuicio de la generada de forma más barata y limpia.

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