Una nueva perla nos trae la presidencia de Donald Trump. Dentro de su gobierno hay funcionarios que contravienen sus instrucciones para, según ellos, proteger los intereses de Estados Unidos. En una democracia, ¿se vale que un funcionario no elegido sabotee a un Presidente que sí ganó en las urnas porque éste piensa que aquél está cometiendo errores que perjudican a la nación?

Pensando en que se trata de Trump, muchos van a gritar que “sí”. Ahora imaginemos que se trata de un Presidente mexicano que nos simpatiza. ¿Cambiaríamos de opinión? ¿Se vale juzgar este asunto con un doble rasero? ¿Sí para un Presidente que nos disgusta, no para uno que nos agrada?

Vayamos a los hechos. Estos días se juntaron dos publicaciones sobre la Casa Blanca. Por un lado, apareció en The New York Times un editorial anónimo de un “funcionario de alto rango en el gobierno de Trump cuya identidad conocemos y cuyo empleo estaría en riesgo por divulgar su nombre”.

En él se revela que hay muchas personas dentro de la administración que “trabajan con diligencia desde dentro para frenar partes de su programa político y sus peores inclinaciones. Lo sé bien, pues yo soy uno de ellos […] Nos hemos comprometido a hacer lo que esté a nuestro alcance para preservar nuestras instituciones democráticas y, al mismo tiempo, contrarrestar sus impulsos más equivocados hasta que deje el cargo. La raíz del problema es la falta de moral del Presidente […] Puede ser un consuelo escaso en esta era caótica, pero los estadunidenses deberían saber que hay adultos que se hacen cargo. Esto no es obra del llamado Estado profundo (deep state) —una teoría de conspiración que afirma que existen instituciones dentro del gobierno que permanecen en el poder de manera permanente. Es la obra de un Estado estable. Hay una resistencia silenciosa dentro del gobierno compuesta por personas que han decidido poner al país antes que todo”.

Por otro lado, se publicó Fear, el nuevo libro de Bob Woodward, el gran periodista del caso Watergate. Versa sobre la caótica presidencia de Trump. Cuenta, por ejemplo, que Gary Cohn, principal asesor económico hasta marzo, y Rob Porter, secretario de gabinete hasta febrero, retiraron, en varias ocasiones, documentos del escritorio de Trump para evitar que los firmara. Uno de ellos fue la notificación de la salida de EU del TLCAN. Woodward describe estos actos como “no menos que un golpe de Estado administrativo”.

Vale la pena traer a esta discusión a Albert Hirschman. En su libro Salida, voz y lealtad, argumenta que un individuo tiene tres alternativas para demostrar su insatisfacción con una decisión del Estado. La primera es la inacción: mostrar lealtad a pesar de la insatisfacción. La segunda es la salida: renunciar a la organización a la que se pertenece o incluso migrar. La tercera es usar la voz: protestar como ciudadano.

Para Hirschman, las dos primeras opciones son menos costosas que la tercera y plantea una pregunta central: ¿en qué circunstancias los individuos estamos dispuestos a pagar los costos de hacer oír nuestra voz frente a la menos onerosa salida o inacción?

Los insubordinados dentro del gobierno de Trump claramente no fueron leales: actuaron en contra de sus decisiones. Muchos, como Cohn, incluso dieron el paso de salirse frustrados por los caprichos del Presidente. Y, ahora, están dispuestos a hablar y revelar lo que está ocurriendo ahí adentro. Es el caso del editorial anónimo y de los múltiples funcionarios que hablaron con Woodward para su libro.

¿Se vale?

Si los insubordinados de verdad están en contra de lo que ellos consideran las locuras de Trump deben pasar de la voz a los hechos. Al respecto, dice el editorial anónimo: “Dada la inestabilidad de la que muchos han sido testigos, hubo rumores dentro del gabinete sobre invocar la Enmienda 25, la que daría inicio a un complejo proceso para destituir al Presidente. Sin embargo, nadie quiso precipitar una crisis constitucional. Así que haremos lo que podamos para dirigir el rumbo del gobierno en la dirección correcta hasta que —de una manera u otra— llegue a su fin”.

No estoy de acuerdo. El sabotaje interno no es la solución. Al final, Estados Unidos es una democracia. A Trump lo eligieron los ciudadanos. No se vale que funcionarios no elegidos lo saboteen. Lo correcto es usar los mecanismos institucionales para destituirlo, aunque esto implique una “crisis constitucional”: es mucho mejor solución que un “golpe de Estado administrativo”.

Twitter: @leozuckermann